Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados busca garantizar el acceso preferencial de los proveedores regionales a fondos públicos y al FUST, apuntando a conectar zonas rurales y comunidades desatendidas.
La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Brasil dio un paso clave en la tramitación del proyecto que busca institucionalizar el apoyo a los pequeños proveedores de Internet (ISPs). La iniciativa legislativa propone la creación del Programa Nacional de Fomento a los Proveedores Regionales, una herramienta diseñada para eliminar las barreras que hoy dificultan la expansión de estas empresas en los territorios más vulnerables del país.
El rol crítico de los pequeños prestadores
A pesar de que los proveedores regionales ya garantizan el 63% de las conexiones fijas en Brasil, el proyecto advierte que las políticas públicas actuales no reconocen plenamente su labor. El objetivo de la norma es formalizar este apoyo mediante:
- Financiamiento prioritario: Acceso directo a créditos de bancos públicos y recursos del Fondo Universal de Servicios de Telecomunicaciones (FUST).
- Conectividad social: Fomento de alianzas para instalar puntos de acceso gratuito en escuelas, centros de salud, bibliotecas y plazas.
- Focalización geográfica: Despliegue de infraestructura específicamente en áreas rurales, remotas o con altos índices de pobreza.
Redefinición estratégica: «Masificación» vs. «Universalización»
Un aspecto técnico central del debate es el cambio de terminología en el texto. Se reemplazó el concepto de «universalización» por el de «masificación del acceso». Esta distinción no es menor: reconoce que Internet opera bajo un modelo de explotación privada y no como un servicio público tradicional (como la telefonía fija).
Esta delimitación busca adaptar la responsabilidad jurídica al modelo de negocio de los ISPs, aunque plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los pequeños prestadores y el impacto de los costos de backhaul en su estructura operativa.
Criterios y gobernanza
Para acceder a los beneficios del programa, el proyecto define al proveedor regional como aquel que posee una cuota de mercado minorista inferior al 5% en su área de operación. Asimismo, se propone la creación de un grupo de seguimiento integrado por el Gobierno, el organismo regulador, entidades bancarias y representantes de los proveedores para evaluar el impacto de las políticas.
Camino hacia la sanción
Pese al avance en la Comisión de Comunicaciones, la propuesta aún debe ser analizada por las comisiones de Finanzas e Impuestos, y la de Constitución, Justicia y Ciudadanía. Para convertirse en ley nacional, el texto requiere la aprobación definitiva tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, proceso durante el cual podrían surgir nuevas modificaciones para alcanzar los consensos necesarios.
