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ChatGPT queda bajo la supervisión reforzada de la Unión Europea

La Comisión Europea designó al chatbot de OpenAI como una plataforma en línea de muy gran tamaño. La medida activa nuevas obligaciones de transparencia, evaluación de riesgos y protección de los usuarios, y marca un nuevo capítulo en la regulación de los servicios de inteligencia artificial.

La Comisión Europea designó a ChatGPT como una plataforma en línea de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). La decisión coloca al chatbot de OpenAI bajo uno de los niveles de supervisión más exigentes del marco regulatorio digital europeo.

La clasificación se produce después de que ChatGPT declarara superar el umbral de 45 millones de usuarios mensuales promedio en la Unión Europea, requisito que activa las obligaciones adicionales previstas por la DSA para las plataformas de mayor alcance. La Comisión considera además que el servicio tiene características híbridas y puede ser encuadrado como un motor de búsqueda a efectos de esta normativa.

La decisión no implica que ChatGPT quede sometido por primera vez a las normas digitales europeas. El servicio ya estaba alcanzado por las obligaciones generales de la DSA. Lo que cambia es el nivel de exigencia y supervisión asociado a su nueva clasificación.

Qué tendrá que hacer OpenAI

A partir de la designación, OpenAI tendrá que evaluar y mitigar riesgos sistémicos vinculados con el funcionamiento de ChatGPT. Entre ellos se encuentran la circulación de contenidos ilícitos, los posibles efectos sobre menores, el bienestar físico y mental de los usuarios, la protección de derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública.

La compañía tendrá un plazo de cuatro meses para cumplir efectivamente con estas nuevas obligaciones específicas. La Comisión Europea también podrá investigar aspectos de las tecnologías que permiten operar el servicio y otros sistemas relacionados.

Desde el punto de vista técnico, esto supone que la supervisión europea no se limitará necesariamente a analizar qué respuestas genera el chatbot. También podrá alcanzar aspectos relacionados con sus sistemas, algoritmos, mecanismos de moderación y las formas en que el servicio gestiona determinados riesgos.

ChatGPT, en una lista cada vez más amplia

La decisión se suma a una política europea que ya alcanza a algunas de las mayores plataformas digitales del mundo. La Comisión había designado previamente como VLOP a servicios como Google Search, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, WhatsApp, LinkedIn, Google Play y App Store, entre otros.

En esta misma instancia fueron incorporados Reddit y Roblox, que también superaron el umbral de usuarios establecido por la DSA.

El objetivo de la clasificación no es prohibir estos servicios, sino establecer un régimen de control proporcional a su capacidad de alcanzar a grandes cantidades de personas y generar efectos que trasciendan a usuarios individuales.

Una referencia para América Latina

El movimiento europeo tiene relevancia más allá del bloque. La DSA y la Ley de Inteligencia Artificial de la UE forman parte de un modelo regulatorio que puede influir en las discusiones de otros países, incluida América Latina, donde todavía conviven estrategias, proyectos de ley y marcos regulatorios diferentes.

Para los países latinoamericanos, el desafío consiste en definir hasta dónde trasladar este tipo de exigencias a sus propios mercados. La región tiene una realidad distinta en materia de infraestructura digital, capacidad estatal, tamaño de mercado y desarrollo de empresas tecnológicas.

La clasificación de ChatGPT muestra, en cualquier caso, hacia dónde avanza una parte de la regulación internacional: los grandes sistemas de inteligencia artificial comienzan a ser evaluados no sólo por lo que hacen como productos tecnológicos, sino también por el impacto que pueden generar cuando alcanzan una escala masiva.

El resultado será un equilibrio todavía en construcción entre innovación, competencia, protección de los usuarios y capacidad de supervisión. Para OpenAI, implica afrontar un nivel de control regulatorio mayor; para Europa, constituye otra prueba de hasta dónde puede llegar su modelo de gobernanza tecnológica.

 

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