El fallo de la justicia porteña surge de una demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis.
La Justicia porteña declaró ilegal a la app de transporte Uber en la Ciudad de Buenos Aires. El juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°15 de CABA, estableció que Uber «viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno (porteño) ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa», informó el sitio iJudicial.
El fallo surge de una demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de CABA, que también incluía una intimación al Gobierno de la Ciudad para actuar al respecto, lo cual fue desestimado por Trionfetti, para quien el Ejecutivo porteño aplicó «las medidas razonables a su alcance para que UBER deje de funcionar».
Sobre la base de las cuestiones merituadas, entiendo que no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber», dice el juez en los considerandos.
«En ese sentido, el GCBA dio cuenta de los numerosos controles de tránsito vehicular que realizó, incluso muchos de ellos con resultados positivos respecto de la actividad interdicta. También destaco las actividades realizadas por el demandado tendiente a las clausuras de supuestos locales Uber. En cuanto a la actividad del sistema Uber en CABA, tal como expuse y argumenté, aquella es ilegal», agrega el magistrado.
Según iJudicial, la sentencia «tiene por alcance espacial, el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por alcance subjetivo, todos los sujetos de derecho incluidos en las clases y subclases que integran los frentes y el GCBA. Lo antedicho también incluye a la empresa mundialmente conocida como UBER, cualquiera sea la forma jurídica por la que emerge o emerja, pues al estar debidamente notificada de este proceso colectivo, decidió no estar a derecho».
Fuente: El Cronista