Con la firma del Decreto 742/26, el gobernador Axel Kicillof oficializó un esquema de gobernanza pionero en la región que prohíbe la adopción de algoritmos e implementaciones de IA en dependencias estatales sin el aval técnico y ético de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
El avance vertiginoso de los sistemas de inteligencia artificial (IA) y su adopción en las infraestructuras de gobernanza pública plantea un debate urgente en América Latina: la necesidad de equilibrar la eficiencia administrativa con la soberanía tecnológica, la protección de los datos de la ciudadanía y la mitigación de los sesgos algorítmicos.
En este escenario, la provincia de Buenos Aires asumió un rol de vanguardia al formalizar el «Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial» mediante el Decreto N° 742.
La medida, que lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, establece de forma mandatoria que la IA en la gestión pública debe concebirse estrictamente como una herramienta de asistencia y apoyo para los agentes estatales, garantizando que el control final de las decisiones mantenga siempre una supervisión humana activa.
La arquitectura del control: Gobierno Digital como nodo de autorización
El núcleo técnico de la nueva normativa radica en la centralización de las auditorías de despliegue. A partir de la publicación de la norma, ningún ministerio, organismo descentralizado o entidad autárquica de la administración bonaerense podrá adquirir, desarrollar o poner en producción un sistema de IA sin la evaluación previa y vinculante de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
Esta disposición técnica abarca:
- Nuevos desarrollos o adquisiciones: Software propietario o desarrollos internos que implementen redes neuronales, modelos de lenguaje (LLMs) o algoritmos predictivos aplicados a políticas públicas.
- Modificaciones sustanciales: Actualizaciones mayores sobre plataformas o algoritmos que ya se encuentren en funcionamiento dentro de la infraestructura del Estado.
- Proyectos con financiamiento externo: Soluciones tecnológicas costeadas por organismos internacionales de crédito u otras fuentes ajenas al presupuesto provincial directo.
Para dar soporte y trazabilidad a este ecosistema, se dispuso la creación de un registro específico de sistemas activos de IA y la conformación de un consejo asesor ad honorem que aportará recomendaciones periódicas sobre buenas prácticas y análisis de riesgos en la materia.
Filtros analíticos y principios de gobernanza algorítmica
La Subsecretaría de Gobierno Digital, que funciona como la autoridad de aplicación técnica del decreto, someterá cada propuesta a un riguroso análisis de impacto multifactorial. Los sistemas presentados deberán demostrar conformidad con once principios fundamentales antes de recibir luz verde:
- Transparencia algorítmica: Los organismos deben ser capaces de auditar y documentar el funcionamiento de las herramientas, permitiendo comprender cómo el algoritmo procesa las entradas para llegar a un resultado específico (evitando el problema técnico de la «caja negra»).
- Calidad y neutralidad de los datos: Evaluación profunda de los sets de datos (datasets) de entrenamiento para detectar y corregir de manera proactiva sesgos discriminatorios de género, clase o geográficos.
- Protección de datos personales (Privacidad desde el diseño): Cumplimiento de estándares criptográficos y de anonimización para asegurar que la información sensible de los ciudadanos bonaerenses no sea expuesta ni utilizada para fines comerciales o de perfilamiento no autorizado.
- Eficiencia de infraestructura y consumo energético: Análisis del impacto ambiental y el consumo de recursos de cómputo que requiera el entrenamiento o la ejecución del modelo en los servidores públicos.
Invitación al desarrollo local y municipal
El decreto no solo busca limitar los riesgos de tecnologías de terceros, sino impulsar un ecosistema de desarrollo propio de IA que responda a las necesidades de la región bonaerense. En esa línea, el marco normativo extiende una invitación explícita a los 135 municipios de la provincia para que adhieran voluntariamente a estos estándares. De esta forma, se busca evitar la fragmentación tecnológica en el territorio y garantizar que los datos de los ciudadanos estén protegidos con la misma rigurosidad técnica, ya sea en un sistema de atención sanitaria a nivel provincial o en un asistente de trámites de un gobierno local.
Para los aspectos de implementación operativa no contemplados directamente en la nueva disposición, el Ejecutivo determinó que seguirán rigiendo con fuerza técnica las Resoluciones N° 4/25 y N° 9/25 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, consolidando así un andamiaje regulatorio maduro y coherente con las realidades tecnológicas contemporáneas de América Latina.
