La Comisión respondió que «en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (…) no se determina la existencia de ninguna conculcación real o potencial del Derecho de la UE en materia de competencia como consecuencia del proyecto de ley».
La Comisión Europea (CE) respaldó al gobierno español al señalar que respetó la normativa comunitaria en el artículo 32.2 de su reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que creó un canon para los agregadores de contenidos web que motivó que Google levante su servicio «Google news» en España.
La norma española, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, dispone en el citado artículo un derecho irrenunciable de compensación a los editores de diarios que será abonado por los agregadores de Internet que utilicen sus contenidos y lucren con ello, lo que se conoce ahora como la «tasa Google».
En una respuesta en nombre de la CE a la eurodiputada Beatriz Becerra, la comisaria europea de Mercado Interior, la polaca Elzbieta Bienkowska, señaló que la norma española se ajusta al derecho comunitario, por cuanto «si bien los Estados miembros no están obligados a introducir una compensación justa, pueden decidir hacerlo».
«No hay vulneración de la competencia», agregó, según recogió el diario español ABC.
En la pregunta realizada al órgano ejecutivo UE, Becerra planteó la cuestión de si ese derecho irrenunciable de compensación a los editores de diarios no atenta contra la libertad de empresa a la luz de los informes de la Comisión Nacional para la Competencia y del Derecho de la competencia europeo.
La Comisión respondió que «en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (…) no se determina la existencia de ninguna conculcación real o potencial del Derecho de la UE en materia de competencia como consecuencia del proyecto de ley».
La CE también considera que «el objeto del artículo 32, apartado 2, es introducir una nueva excepción o limitación al derecho de puesta a disposición del público en beneficio de los agregadores de noticias, quienes, por consiguiente, pagarían a los editores de prensa una compensación justa por determinados usos de los recortes de prensa».
