El gobierno de Brasil, a través del Secretario Ejecutivo del Ministerio de Cultura de Brasil, João Brant, denunciaron a Facebook ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el ejercicio de censura privada de contenidos, por la censura de una imagen de indígenas desnudos, que el Ministerio de Cultura utilizaba para promocionar una muestra de fotografía.
Si bien la imagen fue restituida luego de que el Ministerio anunciara la apertura de un proceso judicial contra la compañía, la importancia del caso reside en que pone en evidencia que este tipo de prácticas amenazan la libertad de expresión en la medida que las corporaciones se convierten en un regulador de hecho al imponer reglas para la difusión de la información a través de sus políticas de contenidos. El tema fue abordado en las audiencias públicas realizadas en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar el del 4 al 8 de abril en Washington, Estados Unidos.
Brant destacó el rol público de las plataformas digitales y la importancia de mecanismos regulatorios globales. “Las plataformas digitales operan como espacios públicos de circulación de información. Tienen una fuerte tendencia a la concentración y su influencia es decisiva sobre la producción y distribución de cultura a escala global. Por ende debe ser considerado un tema de orden público, no privado de la plataforma”. Asimismo señaló la necesidad de articulación entre mecanismos globales y nacionales legítimos para que los derechos culturales en Internet no sean una discusión singular por caso. “Es necesaria la formulación de nuevas reglas y procedimientos… los códigos de conducta no pueden ser usados por las empresas como justificación para violar derechos humanos”, sentenció el funcionario.
“Tiene que implementarse un debate legal sobre las garantías de libertad de expresión, derechos culturales y diversidad cultural, derechos de autor y sus desafíos para respetar la libertad de información”, señaló Brant.
El Secretario Ejecutivo del Ministerio de Cultura solicitó a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) la posibilidad de actuar en tres áreas: “generar un amplio debate entre los países miembro de la OEA en un espacio multistakeholder para promover la libertad en Internet; realizar estudios temáticos sobre derechos culturales en Internet, enfatizando el papel de las empresas; que la relatoría formule recomendaciones sobre la actuación regulatoria para que las empresas respeten los derechos en Internet, con foco en la libertad de expresión y la diversidad cultural”.
Por su parte, Deborah Brown, en nombre de Association for Progressive Communications (APC), Article 19 y Public Knowledge enfatizó sobre cinco aspectos que afectan los derechos culturales en Brasil: la exclusión digital (las brechas en el acceso a Internet por género, ubicación geográfica, poder adquisitivo); la vigilancia a grupos marginados, que afecta el intercambios en Internet al amenazar el anonimato y la movilización; los esfuerzos por limitar los derechos informáticos que pueden terminar por restringir los derechos culturales; la importancia de que los intermediarios respeten los derechos humanos tal como se establece en los principios de Manila; y la concentración de medios y regímenes de copyright como limitantes de la diversidad cultural.
Francisco Eguiguren, vicepresidente de la CIDH celebró el abordaje del tema de la autocensura o censura privada, “es un tema del cual se habla poco”. Señaló que en sociedades donde existe concentración privada de medios de difusión masiva es aún más grave “cuando en nombre de la libertad de expresión un agente privado decide silenciar o ignorar ciertos temas…por un cálculo de interés económico o de opinión ideológica”.
Fuente: Observacom
