El gobierno ha derogado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, revirtiendo los cambios introducidos por la administración anterior en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Con el nuevo Decreto 302/24, los licenciatarios de servicios TIC fijarán sus propios precios, aunque deben ser justos y razonables. Se mantiene solo el Servicio Básico Telefónico como servicio público, eliminando la Prestación Básica Universal. Esta medida sigue a la reducción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y tiene implicaciones en la regulación de precios y acceso a servicios de telecomunicaciones.
La eliminación del DNU 690 refleja una preocupación por la asimetría en el acceso a servicios durante la pandemia, pero plantea interrogantes sobre la asequibilidad para una población afectada por la inflación y la pobreza.
