La Justicia ordenó al poder ejecutivo que informe en el plazo de tres días por qué considera válida la firma de la resolución que permite la utilización de la base de datos de ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública.

La jueza en lo contencioso administrativo federal, María José Sarmiento se declaró competente para intervenir en el amparo interpuesto por una abogada particular que buscó a título personal preservar sus datos personales para que no migren bajo lo establecido en la polémica medida también denunciada ante la justicia penal por violatoria de la Ley de Datos Personales.

Una vez que el poder ejecutivo presente el informe solicitado, la magistrada analizará si concede o no el amparo, según lo publicado en Ambito. Valeria Carreras intentó que durante la feria judicial se levantara el receso para tratar la presentación que realizó en simultáneo a la firma y publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Nº166, pero no lo logró. Ahora, tras el reinicio de la actividad y el visto bueno de la fiscalía intervendrá en la demanda que es una de las que se tramitan para voltear esa resolución y evitar el convenio que el gobierno defendió, a pesar de ser criticado por la posibilidad de manipular datos privados de los ciudadanos contenidos en la base del organismo de seguridad social.

Haciendo referencia a la polémica que estalló en torno al tema, Eduardo Bertoni, director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dijo a Infobae que «cuando se trata de cesión de datos entre organismos públicos, tal como lo establece la ley 15.326 de Protección de datos personales, nunca hay que pedir consentimiento. En el caso del ANSES son cesiones de datos personales entre organismos públicos y en ese caso no se necesita autorización«.