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El Gobierno busca bloquear contrabando de celulares

Según informó el diario Clarín, el gobierno de Mauricio Macri implementará un programa para desactivar los equipos que no tengan la factura en regla.

Se trata de una resolución que elaboran el Ministerio de la Producción y el Enacom (Ente Nacional de las Comunicaciones), que apunta a frenar el mercado negro de celulares (estimado en 3 millones de unidades), que ya representa el 30% del mercado formal y perjuicios por entre US$800 y US$1.000 millones, de acuerdo a lo que consignó el diario.

“La decisión está tomada, sólo faltan los detalles técnicos y administrativos. El objetivo es desactivar el uso de las terminales vendidas por fuera del circuito legal”, explicó a Clarín una fuente calificada del Enacom, el órgano regulador de las telecomunicaciones. Con el mismo énfasis, la misma fuente aclaró que “la medida no está enfocada al turista que compra un iPhone en el exterior, sino en los comercios y cuevas que ofrecen celulares de media y alta gama a precios muy por debajo del promedio del mercado”.

Desde el punto de vista técnico, el control es relativamente simple, ya que cada teléfono tiene un IMEI (por sus siglas International Mobile Station Equipment Identity), un código único que emite el celular a la red cuando se activa y que informa todo: marca, modelo, origen y lugar de venta, entre otras cosas. La “lista negra enriquecida”, tal como se pretende implementar en el país, implica que los fabricantes y marcas deben remitir al Enacom los IMEI de sus equipos (producidos o importados legalmente), dejando afuera el resto.

El borrador del proyecto, sujeto a modificaciones, establece que la idea “es combatir el contrabando y no perseguir al turista”. Y que los bloqueos sólo abarcarán a las unidades nuevas, compradas después de la entrada en vigencia de la nueva norma. Hay detalles por definir, que no son menores. Por caso, las compras “legítimas” en el exterior, aunque superen el monto de la franquicia máxima permitida de US$300. “Una propuesta es elevarla a US$500 o US$1.000, para evitar complicaciones”, coinciden fuentes de la industria.