El gobierno Nacional había aplicado la sanción a Telefónica de España por no notificar su ingreso en Telecom Italia, y de manera indirecta, en Telecom Argentina.
En enero de 2010, el gobierno había aplicado a Telefónica de España una multa de 104,6 millones de pesos por no haber notificado oportunamente su ingreso en el capital accionario de Telecom Italia, e indirectamente, en Telecom Argentina, su competidor en el país. Cinco años después, la Corte Suprema de Justicia, confirmó la multa.
En abril de 2007, Telefónica de España anunció su ingreso a Telecom Italia a través de una sociedad denominada Telco, que compró el 5,6 % de las acciones con derecho a voto de Telecom Italia, de forma directa, y otro 18 %, de manera indirecta, mediante la adquisición de la firma Olimpia a Pirelli. Sin embargo, luego de la venta, los participantes se negaron a notificar la operación en el país porque aseguraron que la transacción no constituía una concentración económica, por lo que no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Dos años más tarde, el gobierno dictó una resolución para intimar a Telefónica a notificar la operación.
En enero de 2010, la Secretaría de Comercio Interior les aplicó una multa a Telefónica, por 104,6 millones de pesos, y a las otras empresas involucradas por no haber notificado la operación oportunamente. Las compañías apelaron.
El expediente recayó en la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, que confirmó la multa para Telefónica, pero la bajó a 50 millones de pesos, mientras que revocó la sanción contra las restantes empresas. Sin embargo, Telefónica presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y lo mismo hizo el Estado nacional.
En noviembre de 2013, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elaboró un dictamen sobre el tema donde solicitó que se confirmaran las sanciones que había aplicado el gobierno nacional. A su vez, la procuradora recomendó dejar sin efecto la reducción de la pena a Telefónica y solicitó no revocar la sanción a las otras empresas involucradas.
En su fallo, la Corte Suprema confirmó las sanciones que había aplicado el Gobierno al asegurar que «concuerda -en lo sustancial- con los fundamentos y las conclusiones del dictamen de la procuradora general de la Nación». Sin embargo, la operación de concentración económica fue finalmente autorizada por el Gobierno, aunque con algunas condiciones.
