A través de un comunicado difundido en el día de ayer, la Coalición por una Comunicación Democrática denunció que el gobierno de Mauricio Macri traspasó «las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones». A su vez agregaron que «con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia».
En el comunicado, sostienen que desde el gobierno nacional «congelaron» el ingreso de las empresas de telecomunicaciones que «amenazaban» la hegemonía del operador dominante y permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, «sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país».
A su vez, también sostienen que desde el organismo regulador analizan nuevos decretos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro y, en paralelo, desmantelan la Televisión Digital Abierta (TDA), sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.
Desde la Coalición remarcan que al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.
«El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo. Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada».
Otra de las denuncias que mantienen desde la Coalición es que el gobierno ha clausurado el debate público: «no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática».
Leé el comunicado completo acá.
