Con 50 votos a favor de un total de 75 diputados, la Cámara de Representantes de Uruguay, aprobó la ley de medios. Uno de sus objetivos fundamentales es evitar los monopolios y oligopolios de grandes medios comerciales en el país.
La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el pasado lunes su propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con una importante mayoría: 50 votos de los 75 diputados presentes en la Cámara baja. Esto significa que la ley de medios obtuvó el apoyo unánime de la bancada del Frente Amplio -y el total rechazo de la oposición. La Cámara de Senadores ya la había aprobado la semana pasada.
Los 186 artículos de la nueva norma regularán la radio y televisión, así como otros servicios de comunicación audiovisual, pero dejan afuera Internet. El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros. Como condición para obtener una licencia, los candidatos «no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero».
En este sentido, hace unos días, el presidente José «Pepe» Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del multimedios argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim.
Además, la nueva ley crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, autónomo al Poder Ejecutivo, que deberá aplicar, fiscalizar y concretar los llamados para el otorgamiento de los permisos.
Según la oposición, es una «ley mordaza», mientras que los frenteamplistas aseguran que con esta ley se resguarda la libertad de prensa.
El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció su propósito de reglamentar la ley de medio apenas comience su administración el 1 de marzo de 2015.
Algunos datos
La ley fija que el 60 por ciento de la programación televisiva deberá ser de origen nacional, así como un 30 por ciento del contenido musical en radios. También establece una participación de un 30 por ciento de productoras independientes.
Establece además un horario de protección al menor que comienza más temprano y coincide con el horario central. A partir de dicho horario, queda limitada la posibilidad de transmitir imágenes violentas, incluyendo a los noticieros.
Regula la publicidad electoral, concediendo una cuota por partido político directamente proporcional a los votos obtenidos en la última elección, algo similar a lo que sucede en Argentina.
Por otra parte, los servicios de televisión para abonados deberán integrar a su guía de programación tres señales nacionales y podrán tener una participación máxima en el mercado de un 25 por ciento.
Las licencias para televisión, que deberán pagar un canon, serán concedidas por un período de 15 años y las radiales por un plazo de 10 años, con opción a una década de prórroga en ambos casos.
En relación a limitar las concentraciones de capital, un mismo prestador no podrá tener más de seis licencia de televisión, y si alguno de ellos corresponde a la capital -donde vive el 40% de los habitantes del país, este número se reduce a tres.
