Los principales operadores de telecomunicaciones en España -Telefónica, MasOrange y Vodafone- iniciaron una ofensiva contra la actual fiscalidad que grava el uso del espectro radioeléctrico, considerado uno de los principales activos para prestar servicios móviles.
La medida se concreta en recursos administrativos y judiciales interpuestos por estas compañías, que buscan una revisión a la baja de la tasa. La recaudación por este concepto asciende a unos 540 millones de euros anuales, de los cuales alrededor del 80% proviene de los tres grandes operadores. La presión fiscal se mantuvo estable —y en algunos casos ha aumentado— a pesar del acusado descenso en la facturación del sector: según datos de la CNMC, los ingresos por comunicaciones móviles pasaron de 14.023 millones de euros en 2010 a 8.223 millones en 2023.
Este desfase es uno de los argumentos clave en los recursos presentados. Telefónica y Vodafone acudieron al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), mientras que MasOrange optó por la vía del recurso de reposición ante el Ministerio para la Transformación Digital. Las compañías consideran que la tasa no se ajusta a la evolución del mercado ni a los actuales niveles de rentabilidad del sector.
Las telecos señalan que, aunque sus ingresos se redujeron a la mitad desde 2008, la infraestructura de estaciones base —elementos clave para el uso del espectro— se incrementaron en un 150% para dar soporte a las tecnologías 3G, 4G y ahora 5G. Esta evolución provocó un hundimiento del ingreso medio por nodo de radio de hasta el 80%, lo que, a juicio de los operadores, no se corresponde con una fiscalidad que consideran obsoleta.
El obstáculo -según las operadoras- se encuentra en el Ministerio de Hacienda, que se mostraron reacios a aplicar rebajas fiscales en un contexto de aumento del gasto público. A pesar de que las telecos ya lograron en 2023 que se eliminara su obligación de financiar RTVE mediante un canon del 0,9% de sus ingresos, la tasa por uso del espectro sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos indirectos para el ente público.
Detrás de la ofensiva se sitúan estrategias de eficiencia operativa y control de costes que impactan directamente en su capacidad inversora, especialmente en el despliegue de 5G.
Los operadores insisten en que la titularidad estatal del espectro —un rasgo distintivo en el modelo español— no debería justificar un nivel impositivo que penaliza la competitividad frente a otros países europeos, donde las tasas son menores o directamente inexistentes.
