Según el texto filtrado por WikiLeaks, el acuerdo transpacífico firmado la semana pasada obliga a los proveedores de Internet a remover material protegido por copyright y dar a conocer la identidad de los usuarios infractores.
El capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo transpacífico de libre comercio (TPP) firmado la semana pasada, obliga a los países a crear «incentivos legales» para que los proveedores de Internet (ISPs, en inglés) asistan a los titulares de derechos de autor en la tarea de combatir el almacenamiento y transmisión de material protegido a través de sus redes.
Asimismo, según el Artículo I3, al ser notificados fehacientemente de una infracción por parte del titular de los derechos, los ISPs deberán proceder de manera «expeditiva» y remover o deshabilitar el contenido en cuestión. Sin embargo, cada país deberá asegurarse que los proveedores no resulten responsables por los usos que los usuarios hagan de sus redes.
Según el análisis de la ONG chilena Derechos Digitales, el TPP adopta en este punto «el modelo de la legislación estadounidense para la notificación y bajada de contenidos infractores», ya que aquellos países que no hayan establecido procedimientos propios, acabarán adoptando la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) que establece responsabilidad en caso de no remover el material con un simple aviso privado.
A su vez, el Artículo I7 del documento fija uno de los puntos más controvertidos del capítulo. Según este apartado, cada país deberá establecer procedimientos judiciales o administrativos a través de los cuales los titulares de derechos puedan obtener pronta y eficientemente la identidad de aquellos usuarios que hayan infringido derechos de autor.
Sin embargo, el acuerdo reconoce excepciones en las que debe limitarse la penalización de las infracciones. Tal es el caso de las violaciones al copyright con fines de crítica, comentario, reporte de noticias, investigación, enseñanza y otros (Artículo G17). Igualmente, las bibliotecas, archivos, museos, instituciones educativas y emisoras públicas tampoco podrán ser objeto de acciones penales por violación a los derechos de autor (Artículo G10a), aunque sí de acciones civiles, a menos que demuestren que desconocían el carácter prohibido de su conducta.
El capítulo completo sobre propiedad intelectual filtrado por WikiLeaks la semana pasada tiene más de 60 páginas y contiene además definiciones sobre nuevos plazos de protección del derecho de autor y medidas tecnológicas de protección, entre otros.
El TPP es un acuerdo de libre comercio liderado por Estados Unidos y Japón que incluye a Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. El texto completo aún permanece secreto y antes de entrar en vigencia deberá ser aprobado por los parlamentos de los países signatarios.
