Según un informe América Latina produce el 9% de la basura electrónica del mundo y se estima que el volumen crecería 25% en los próximos 4 años.
El informe «eWaste en América Latina. Análisis estadístico y recomendaciones de política pública» fue confeccionado por GSMA, una organización que nuclea a unos 800 operadores móviles de todo el mundo, en colaboración con la Universidad de Naciones Unidas.
Según el reporte, América Latina produjo el 9% de la basura electrónica del mundo durante 2014. Brasil y México encabezan la lista con 1412 y 958 kilotones (kt) anuales cada uno. Argentina genera 292 kt de basura electrónica al año con lo cual se ubica tercera en la lista.
Tomando en cuenta la producción per cápita, Chile y Uruguay aparecen como los mayores productores de e-waste con 9,9 y 9,5 kilogramos por persona respectivamente. Según el informe, cada argentino produjo en promedio 6,9 kilogramos el último año.
En suma, los 21 países que integran nuestra región desde México hasta Argentina, produjeron 3900 kt en 2014 y, según estima el informe, la cifra ascendería a 4800kt en 2018, lo que significaría un incremento de entre el 5 y el 7% anual.
Asimismo, el informe permitía observar una relación entre el nivel de ingreso de los ciudadanos y el volumen de basura electrónica per cápita. De esta forma, América del Norte encabeza la lista con 12,2 kilos por persona por año, seguido por Europa con 15,6 kg; Oceanía con 15,2; Asia 3,7 y África con 1,7 kilogramos.
«Los desechos electrónicos generados por teléfonos móviles representa menos del 0,5 % del peso total del e-waste en el mundo y la misma proporción se repite en Latinoamérica«, indica el informe. El resto se compone de una amplia gama de electrónicos que van desde pequeños electrodomésticos hasta monitores de televisión.
Finalmente, el informe apunta a que «solo unos pocos países de América Latina tienen proyectos de ley específicos sobre la gestión de los desechos electrónicos y, en la mayoría de los casos, la gestión de los residuos electrónicos está regulada en la legislación general de residuos peligrosos«. Por lo tanto insta a desarrollar políticas públicas específicas que fomenten la recolección y el reciclaje, así como la responsabilidad de los empresarios del sector.
