Distintas organizaciones, que forman parte de la Coalición por una Comunicación Democrática, solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión formal para tratar los “graves impactos en materia de libertad de expresión” que acontecen en el gobierno de Mauricio Macri.
«Vemos que el gobierno avanza sin respetar los procesos democráticos», explicó a Página/12 la titular de FARCO, Mariela Pugliese, sobre cuáles fueron los fundamentos que llevaron a la Coalición a solicitar la audiencia. De concretarse, la respuesta sería en marzo, con una audiencia pública en Washington en el mes abril.
“Macri está avanzando sobre una ley vigente y nuestra intención de ponerle un límite a esto no está teniendo lugar en el Poder Judicial, que rechazó las medidas cautelares solicitadas”, continuó.
La otra razón es que tanto la CIDH como las diferentes gestiones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “siempre estuvieron atentas” tanto a la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuanto al debate legislativo que la convirtió en norma y a su cumplimiento. “Siempre remarcaron la importancia de que el Estado se preocupe por el derecho a la comunicación a la libertad de expresión, la desconcentración en el campo de medios y la aplicación allí de políticas antimonopólicas. Los decretos violan el concretamente tratados y pautas internacionales en la materia”, concluyó.
Los miembros de la Coalición, los colectivos, instituciones y sindicatos piden a la CIDH que, en una audiencia pública, los escuche explicar las razones por las que consideran que los DNU 13, 236 y 267 firmados a fines de 2015 tienen “graves impactos en materia de libertad de expresión” en Argentina. Además del CELS y FARCO, el pedido es sostenido por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Radios Universitarias de América latina y el Caribe, el Sindicato Argentino de Televisión, Músicos Autoconvocados, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Red Par y algunas universidades nacionales.
“Observamos con suma preocupación que las decisiones adoptadas por el gobierno nacional tienen un serio impacto negativo en tanto implican un retroceso enorme en términos normativos del reconocimiento de estos derechos en Argentina”. Algunos de ellos acompañaron un pedido de audiencia similar a éste que presentó la Defensoría del Público, a cargo de Cynthia Ottaviano, días atrás.
Según se planteó en el pedido formal, se pretende que con la audiencia solicitada “la CIDH pueda obtener material e información de primera mano de las organizaciones que le permita involucrarse cabalmente en esta problemática que afecta e impacta en los derechos humanos en nuestro país y contribuir a la búsqueda de soluciones alternativas”. En ese texto, advierten que se explayarán sobre la sumisión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al Ministerio de Comunicaciones que el Ejecutivo estableció con el DNU 13/2015; la siguiente intervención de ese organismo y el cese de los integrantes de su directorio mediante el DNU 236/2015, así como finalmente la disolución de la AFSCA, concretada con el decreto 267/2015.
Fuente: Página/12
