El informe se elaboró a través de un proceso de consulta pública en el que participaron 15 estados y 15 organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los objetivos del “Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión” es brindar herramientas a las empresas para promover la libertad de expresión en Internet. A su vez, también plantea recomendaciones para los gobiernos, con el objetivo de evitar presiones indebidas y proteger a los intermediarios.
“Los mínimos requisitos de la normativa de derechos humanos son claros. Los Estados no deben forzar a las compañías a tomar medidas que, innecesaria y desproporcionadamente, interfieren con la libertad de expresión”, precisó David Kaye, Relator Especial de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es común para las compañías privadas censurar, vigilar, o realizar otras restricciones a la libertad de expresión, usualmente presionados por los gobiernos, pero algunas veces, por su propia iniciativa”, agregó Kaye con motivo de la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe se elaboró a través de un proceso de consulta pública en el que participaron 15 estados y 15 organizaciones de la sociedad civil. Entre las principales recomendaciones del estudio se destacan:
-Los Estados no deben requerir o presionar al sector privado para interferir en la libertad de expresión, sea a través de leyes, políticas o medios extralegales.
-Cualquier demanda, pedido u otra medida para bajar contenido digital o acceder a información de clientes debe estar basada en la validez de alguna normativa, sujeta a supervisión externa e independiente y demostrar medios necesarios y proporcionados para alcanzar uno o más de sus objetivos dentro del artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
-Los gobiernos deben adoptar e implementar leyes y políticas que protejan el desarrollo privado y la provisión de medidas técnicas, productos y servicios que promuevan la libertad de expresión.
-Los actores privados deben desarrollar e implementar mecanismos transparentes para la evaluación de derechos humanos.
-Las entidades privadas deben garantizar la transparencia en sus políticas, estándares y acciones que involucren a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Fuente: Observacom
