Representantes del Cels plantearon sus reclamos en la reunión de la Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Comunicaciones. Destacan que la función del Estado es garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación a través de políticas públicas.
“Desde diciembre de 2015, el gobierno nacional viene implementando una política de desmantelamiento de la LSCA que tiene consecuencias negativas para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”, sostuvieron desde el Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels) en un comunicado oficial.
Entre las medidas tomadas tomadas por el actual gobierno, desde Cels consideran que las decisiones contribuyeron a diluir los límites a la cantidad de licencias que restringían la concentración de la propiedad de las empresas de medios. Así lo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de este año.
En este contexto, en la presentación ante la Comisión expusieron «estándares internacionales de derechos humanos que deben guiar la nueva configuración normativa anunciada por el gobierno nacional. En particular, nos referimos a los principios de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos: las modificaciones a la LSCA y a Argentina Digital no pueden implicar retrocesos en la protección y garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información«.
Según el Cels «el Estado tiene la obligación de evitar la consolidación de monopolios y oligopolios en el sistema de medios (…) Una nueva ley no puede en pos de la «convergencia tecnológica» omitir parámetros que protegen el ejercicio pleno de derechos».
A s vez, también hacen referencia a la necesidad de establecer reservas de espectro: los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro) «deben tener un acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles, incluyendo los sistemas digitales».
Haciendo hincapié en la necesidad de contar con políticas públicas que ordenen de manera más equitativo el sector, sostuvieron que «la regulación del sistema de medios audiovisuales no puede quedar librada a la lógica mercantil cuyo valor principal es la competencia».
