En una entrevista concedida a Radio del Plata, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, mostró su preocupación por el decreto 267.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, advirtió hoy que los Estados «deben adoptar medidas para que no existan oligopolios o monopolios en la comunicación» y mostró su «preocupación» por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/2015, que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
«Cuando se borran todos los controles y los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar un contexto de hiperconcentración», advirtió el especialista. Además, explicó que la CIDH se pronunció en contra de los DNU porque «las trasformaciones tienen que hacerse a través de leyes, sobre todo cuando una ley es convalidada por la Suprema Corte de Justicia, como es la ley 26.522».
En declaraciones a Radio del Plata, Lanza señaló que la CIDH recibió «decenas de denuncias de parte de organizaciones de la sociedad civil y de distintos estamentos de la sociedad» y que en esa instancia, el organismo se encuentra «siguiendo las transformaciones con mucha atención».
Explicó que la intervención directa de la CIDH surge «cuando se agotan los recursos judiciales disponibles», como las medidas cautelares que actualmente se presentan en el Poder Judicial argentino, y que por lo tanto, la actitud es de «observación».
Días atrás, Lanza recibió el pedido de audiencia presentado por la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como consecuencia de los reclamos recibidos por sectores de la sociedad civil en contra de la intervención a la AFSCA.
El pedido fue avalado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), el Sindicato de Prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación, entre otros.
«Una democracia requiere diversidad y pluralismo y que los estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos», alertó Lanza.
En declaraciones a Página/12, Diego Morales, director del área de Ligitio del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), apuntó:
«La suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atenta contra los derechos a la información, la comunicación y la libertad de expresión».
Distintas organizaciones de la sociedad civil y de universidades publicas nacionales solicitarán a la CIDH que intervenga para manifestar preocupación, por los decretos 13, 236 y 267 /15 del Poder Ejecutivo. «Los 21 puntos de la Coalición -ADN de la norma- son tributarios de los estándares que propone el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, que durante el debate legislativo fue cita de autoridad. Y luego la comisión también mostró interés en el modelo que propuso la ley argentina para ser replicada en otros países», amplió.
Hoy se denunciará ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, y al relator especial en la materia, Edison Lanza, que el Ejecutivo realizó, sin tener competencias, modificaciones que afectan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuente: Télam / Página 12
