Las autoridades chinas pusieron en marcha una controvertida ley de ciberseguridad para garantizar «la seguridad nacional», que cambia las reglas del juego para las empresas extranjeras que trabajan en el país y dificultará sus operaciones, según critican las afectadas.
El gobierno chino puso en marcha una ley de Ciberseguridad que fue criticada tanto por organizaciones de derechos humanos como por grupos empresariales que la consideran restrictiva respecto de los flujos de información que circulan en la red y como un caso más de «censura» en ese país asiático.
Una de las partes de la norma que genera más preocupación es el artículo que ordena a «operadores de infraestructuras de información clave» almacenar sus datos en el país asiático, lo que es visto como una barrera al flujo de datos en Internet y entre empresas.
Si éstas quieren trasladar estos datos fuera de China, la ley les obliga a pasar por una «evaluación de seguridad».
Como ocurre con otras polémicas legislaciones del país, el texto de la norma es vago y abre la puerta a diversas interpretaciones, según el último borrador difundido.
Dada las dudas y la preocupación de los grupos empresariales, las autoridades ofrecieron un «período de gracia» de 19 meses para cumplir con parte de la legislación. En concreto, con las medidas relacionadas a la transferencia transfronteriza de datos, según un documento al que tuvo acceso el diario independiente South China Morning Post.
En un comunicado publicado que recoge hoy la agencia española EFE, las autoridades chinas aseguraron que la legislación «no busca limitar el acceso de las compañías extranjeras al mercado chino» y que «no limita el flujo ordenado de datos».
