El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), precedido por Miguel de Godoy y con Silvana Giudici como la integrante más reciente del directorio, archivó todos los planes de adecuación que se encontraban regidos por las autoridades federales de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones (AFSCA y AFTIC).
«El DNU que firmó (el presidente Mauricio) Macri para la unificación de la AFSCA y AFTIC da lugar a una pequeña modificación de Ley Audiovisual que tienen que ver con el régimen de licencias», dijo la funcionaria.
Las propuestas de los grupos Clarín, Telefónica, Moneta, Jorge Ricardo Nemesio, Vila-Manzano, Cadena 3 y Prisa, que estaban aún abiertos, se dieron por finalizados. Otros planes ya habían sido aprobados por la Afsca, como DirecTV, Telearte o Indalo.
Para Giudici «de esta manera lo que se hizo en la última reunión del directorio (del ENaCom) fue declarar nulas y culminar con una serie de procesos administrativos que en definitiva habían funcionando como medidas de presión hacia las medios de comunicación».
Los planes habían sido presentados en el contexto de la adecuación de esas empresas a lo dispuesto por la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada en 2009, en artículos que fueron parcialmente derogados por el DNU 267/2015.
Con esta decisión se caerán también los planteos administrativos y las causas judiciales iniciadas por esas compañías contra las disposiciones de la AFSCA. «La resolución, que se va a publicar en la web del Enacom, dice que todos los expedientes a la vista cumplen con lo que dice la ley, que los procedimientos se declaran abstractos y se archivan», explicó Heber Martínez, otro de los integrantes del directorio del ente.
«Ahora no corren las multas ni la necesidad de desprenderse de nada. El que quiera vender lo podrá hacer porque lo cree necesario y no porque tiene la obligación de hacerlo» agregó Martínez
Los planes archivados estaban en distintos niveles de avance, algunos habían sido rechazados por innecesarios, otros habían sido rechazados con pedidos de modificaciones y otros estaban en la Justicia, frenados por medidas cautelares presentadas por las empresas. Otros ya habían sido aprobados por la AFSCA antes de su intervención.
