Los recortes del gobierno nacional llegaron al Ente Nacional y comunicaron la medida a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial donde también determinaron un período de transición de 60 días.
Por: Malena Adandía
El gobierno nacional realizó fuertes recortes en la estructura del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (ENACOM) con el despido de 500 trabajadores, el cierre de las 30 delegaciones provinciales desplegadas en todo el país y el cese de programas oficiales de conectividad y la desfinanciación de proyectos ya adjudicados a redes comunitarias.
La medida se oficializó el miércoles 4 de abril a través de la Resolución 7/2024 publicada en el Boletín Oficial: “Cierre operativo de las delegaciones provinciales del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a partir del 1º de abril de 2024”. A su vez, el artículo 2 indica que habrá “un período de transición de SESENTA (60) DÍAS desde la fecha indicada en el artículo 1º a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales”.
El fundamento de la gestión actual se basa en que los trámites “que se hacían de forma presencial se pueden realizar sin inconvenientes de forma digital” y que identificaron que “el volumen de los trámites que se realizaban en las delegaciones disminuyó considerablemente en el último tiempo” y que “los Centros de Control de ENACOM seguirán funcionando como así también las tareas de control y fiscalización”. Sin importar que esta decisión elimina la mirada federal del Ente.
El ENACOM es el ente que regula los servicios de comunicación en el país, y se mantiene intervenido desde el 26 de enero a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos: la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, quien fue director del Ente durante la gestión de Mauricio Macri.
Por otra parte, la Resolución 6/2024 anunció que quedan sin efecto una veintena de resoluciones que se crearon para articular mecanismos de conectividad como Barrios Populares e iniciativas ya adjudicadas a redes comunitarias, con recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU). Sin embargo, no se derogan todas ellas ya que muchas se encuentran en proceso de evaluación.
De la mano de estas medidas, viene el despido de 500 trabajadores que se suman a los más de 11 mil en toda la Administración Pública desde la asunción de Javier Milei como presidente.
