La empresa considera que la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL) de ese país no es competente «para controlar» la información accesible en el mundo.

El pasado 30 de julio, Google anunció que rechazaba el «derecho al olvido» impuesto por la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL) en Francia.

La empresa explicó que sí acepta el derecho al olvido en las búsquedas realizadas en Google.fr o en Google.es, pero no en Google.com o en cualquier extensión no europea. El motivo es que considera que esa instancia nacional no es competente «para controlar» las informaciones accesibles en el mundo.

«Respetamos la posición de la CNIL, pero rechazamos, por principios, la idea de que una agencia nacional de protección de datos personales reivindique una autoridad a nivel mundial para controlar las informaciones a las que tienen acceso los internautas en todo el mundo», indicó Google en una nota publicada en su blog europeo.

Esta situación de Google con Francia se debe a la decisión tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en mayo de 2014, que estimó que los usuarios de los motores de búsqueda podían exigir el derecho al olvido, es decir la supresión de datos personales recopilados y conservados en sus servidores. Esto remite solo a los motores de búsqueda, ya que los contenidos no se eliminan de los sitios en los que esa información esté alojada originalmente.

La decisión de Google en Europa fue el de reservarse el derecho a eliminar la información solicitada de acuerdo a la pertinencia de cada solicitud. Así fue como, en respuesta a cientos de denuncias de particulares que aseguraron que la empresa rechazó borrar sus datos, la CNIL le envió un requerimiento en junio para que cumpliera con la legislación en el plazo de un mes.

Aunque Google había respondido a las peticiones de los usuarios, sólo lo había hecho en las extensioneseuropeas del buscador. Por su parte, la CNIL indicó que recibió el «recurso» de Google el jueves, un día antes de la expiración del requerimiento y precisó que responderían en el plazo de dos meses. En caso de que el organismo francés acorde una sanción a Google, esta podría alcanzar los 150.000 euros.