Se acusa a la empresa de abusar de su posición dominante, utilizando mecanismos anticompetitivos para garantizar que fabricantes de dispositivos móviles y navegadores empleen de manera predeterminada y exclusiva su buscador, excluyendo a otros servicios.
El pasado 12 de septiembre el Departamento de Justicia inició un juicio contra Google, acusándolo de utilizar prácticas ilegales para seguir perpetuando su posición dominante en los servicios de búsqueda. El juicio es parte de una investigación contra Google que comenzó hace casi tres años.
El Departamento de Justicia sostiene, por un lado, que Google paga miles de millones de dólares anuales a fabricantes de dispositivos y empresas de telefonía móvil para incluir (y mantener) su motor de búsqueda por defecto y, a su vez, que manipula el mercado de forma ilegal para que este servicio sea incluido con su software -Android- en los teléfonos inteligentes, a cambio de otorgarles la licencia para operar en la Play Store, la tienda online de Google.
Según expresa la denuncia, todos estos mecanismos le permitieron a Google perpetuarse como un “guardián” de Internet. En este sentido, datos de StatCounter Global -sitio de seguimiento del porcentaje de uso de motores de búsqueda, navegadores y sistemas operativos-, muestran que Google controla casi el 90% del mercado de motores de búsqueda en EEUU.
El juicio podría durar varías semanas y primero se tendrá que ratificar si Google ha infringido la actual legislación antimonopolio. En ese caso, el gigante tecnológico podría ser obligado a adoptar “medidas estructurales” para reparar cualquier daño anticompetitivo.
Google, en su defensa, argumenta que sus servicios son preferidos por lo que brindan, bajo “méritos propios” y no por una competencia desleal. “La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas”, sostienen.
Cabe destacar que en Europa, Google se ha enfrentado a denuncias similares por situaciones de monopolio, donde en 2018 fue multado con US$ 4.110 millones por vulnerar la competencia al aplicar restricciones ilegales a fabricantes de móviles que utilizan el sistema operativo Android.
Fuente: Observacom
