La Coalición por una Comunicación Democrática realizó su Primer Encuentro Federal en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
La actividad, denominada “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural” consistió en una serie de paneles de debate con diferentes actores del sector. Como conclusión de la reunión, se resaltó la necesidad de intervenir en el debate que plantea el gobierno nacional sobre las comunicaciones con “un proyecto propio”, consensuado con organizaciones sociales, políticas, culturales, cooperativas y Pymes.
En su declaración, la Coalición (conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, entre otros) reitera sus principios en defensa de la “pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones.” La Coalición entiende que hay democracia plena cuando hay derecho a la comunicación, lo que implica un acceso universal a Internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.
Haciendo referencia a la redacción del Proyecto de la nueva Ley de Comunicaciones, la Coalición sostuvo en su declaración que “valoramos la presencia de organizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate” y reclamó la necesidad de que estas consultas “incluyan foros federales abiertos y participativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional”.
Entre otros puntos, en la declaración se plasma la denuncia de la “ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital”. A su vez, también respalda la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión.
“Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores”. Según la declaración, esto implica que debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género.
