Distintas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su posición sobre la presentación del proyecto de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo, aludiendo a que el mismo representa «un paso importante en el camino a saldar una deuda pendiente de nuestra democracia, que desde hace años requiere de una ley que regule el acceso a información pública».
No obstante, las organizaciones Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación Conocimiento Abierto y Poder Ciudadano, expresaron «lamentamos que no haya existido una instancia de participación durante la elaboración del texto por parte del Poder Ejecutivo, a través de los mecanismos previstos en el Decreto 1172/03. Sin embargo, consideramos indispensable la apertura de un proceso participativo en el ámbito del Congreso Nacional, en el que representantes de la política, la academia y la sociedad civil podamos expresar nuestros distintos puntos de vistas y discutir en base a las distintas ideas que se presentan, para así lograr el mejor texto posible para la ley. La participación de la sociedad civil es una dimensión fundamental de la idea de gobierno abierto, y es por eso que resulta ineludible asegurarla en el marco del tratamiento de este proyecto».
De esta manera agregan, «estimamos necesario discutir en ese espacio la adecuación de ciertos aspectos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a los estándares internacionales vigentes en la materia. En especial, los fijados por la Organización de los Estados Americanos en la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como “Claude Reyes v. Chile”, y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “ADC c/ Estado Nacional – PAMI”, “CIPPEC c/ Estado Nacional – Min. Desarrollo Social” y “Giustiniani, Rubén c/ YPF s/ amparo por mora”.
Entre otras cuestiones, «creemos preciso mejorar el texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para asegurar de un modo más adecuado la idoneidad e independencia del órgano garante, encargado de controlar y hacer cumplir la ley. Asimismo, debería ser mejorado el régimen de excepciones en base al principio de máxima divulgación de la información pública, y establecer mayores precisiones sobre los mecanismos que se crearán para solicitar información, así como sobre los deberes del Estado, en especial en materia de transparencia activa» concluyen.
