En septiembre pasado, el Gobierno había dispuesto dos aumentos para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, y televisión por cable y satelital de casi el 9% que iban a regir en octubre y diciembre.
En ese momento, las grandes operadoras de telecomunicaciones rechazaron la recomposición dispuesta a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones y el impacto de las subas quedó limitado a los clientes de pequeñas y medianas empresas y cooperativas mayormente ubicadas en el interior del país.
La negativa de los principales players del sector a aplicar este incremento se debe a que desconocen la autoridad del Enacom para establecer políticas comerciales.
Lo vienen haciendo bajo el amparo de las medidas cautelares obtenidas de varios jueces contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que en el 2020 declaró como servicios públicos a las telecomunicaciones e Internet durante la pandemia de Covid-19 y que, entre otras medidas, frena los aumentos de tarifas definidos de manera independiente por cada una de las operadoras del sector.
Ahora, las compañías preparan un retoque de casi el 25% para iniciar el 2023 como forma de recomponer en parte sus costos, que vienen creciendo a la par de la inflación mensual que apunta a terminar el año en torno al 90%.
El puntapié de esta suba lo dio Movistar, que ya le informó a sus clientes de que a partir de enero deberán abonar una tarifa 23,5% más cara que la actual.
«Se trata de una actualización en nuestros precios de servicios móviles que se pondrá en marcha desde enero de 2023, iniciando el día que corta el ciclo de facturación de cada cliente», explicaron desde la compañía propiedad del grupo español Telefónica.
