A minutos de haberse publicado el Boletín Oficial con el decreto 267/2015 que crea el Ente Nacional de Comunicaciones, abogados y comunicadores analizaron la medida.

Antes del mediodía se publicó el decreto 267/2015 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había anunciado que pasaría a reemplazar a las Autoridades Federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Las opiniones no se hicieron esperar en las redes sociales, siendo la abogada Graciana Peñafort una de las que publicó un extenso análisis punto por punto a través de su cuenta de Twitter.

Uno de los aspectos que destacó Peñafort es la fecha del decreto que, según el Boletín Oficial, es del 29 de diciembre y el presidente Mauricio Macri no estaba ese día para poder firmarlo. Teniendo en cuenta ese dato, la abogada recuerda que «estaba inhabilitado para modificar las atribuciones del AFSCA según sentencia judicial».

Quien también estuvo analizando el decreto en su cuenta de Twitter fue el docente e investigador de políticas de comunicación, Santiago Marino, quien cuestionó los argumentos expuestos en el decreto.  

Graciana Peñafort menciona dos delitos por violar artículos del Código Penal y una violación a la Ley 25.152 que en su artículo 5, inciso a) indica que la creación de un «ente descentralizado» debe hacerse a partir del dictado de una ley, que en este caso no se cumple.

Con respecto a la conformación del directorio, Peñafort asegura que eso «no le va a parecer bien» al Relator de Libertad de Expresión y advierte al presidente Macri que realizarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Santiago Marino también cuestionó la conformación del directorio, que le da mayor control al Poder Ejecutivo Nacional, y a la transferencia de licencias. Ahora «se puede vender todo», dice Marino -si ENACOM no responde en 90 días, la venta será entendida como válida.  

Quien también cuestionó la conformación del Directorio fue el director del Buenos Aires Herald y coautor junto a Martín Becerra del libro «Wiki Media Leaks», Sebastián Lacunza, que resalta la falta de «diversidad» que significa que cinco miembros de un total de siete pertenezcan al oficialismo.

La abogada Peñafort cuestionó que el decreto anule el límite de licencias al cable por estar considerado como «telecomunicaciones» y por permitir «no solo la concentración, sino la propiedad cruzada».

Santiago Marino también destaca como un aspecto negativo la duración de las licencias.  

Sebastián Lacunza, por su parte, también se refirió al límite de licencias y además hizo hincapié en la oferta de servicio satelital.

Martín Becerra, doctor en Comunicación y especialista en medios y políticas de comunicación, cuestionó la medida del Estado y consideró que «los beneficiados son no sólo los dos gigantes (Telefónica y Clarín), sino también todo licenciatario y todo actor del mercado telefónico».  

Sobre las prórrogas en el plazo de licencias, Becerra destaca la medida de dar prórroga automática de 10 años a los que sean licenciatarios al 1º de enero de 2016 debido a que «varias empiezan a vencer a partir de 2016».

Finalmente, una de las críticas más repetidas, y que se encuentra bien resumida en dos tuits de Martín Becerra, tiene que ver con la forma en que se realiza la modificación de ambas leyes (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Ley Argentina Digital).

Quien también había opinado antes de la publicación del decreto es el juez Luis Arias, quien afirmó, en una entrevista realizada por el portal Notas, que «vamos hacia un Estado totalitario». Además, remarcó que «no cumplir una orden judicial es un delito, está previsto por el artículo 239 del Código Penal. Habrá que ver si algún fiscal se atreve a procesar al presidente por este delito, en caso de que se acredite el incumplimiento de la orden judicial».