La decisión, que atenta contra la privacidad de la población de ese país, no fue debatida en el Congreso sino que se emitió a través de un decreto presidencial.
El gobierno del presidente de Perú, Ollanta Humala, ordenó, a través de un decreto emitido el lunes pasado, que las compañías de telecomunicaciones establecidas en ese país deben concederle acceso a las ubicaciones de teléfonos móviles de los usuarios en tiempo real, así como a los metadatos que podrán indicar dónde está y con quién está hablando.
Sin embargo, el mayor problema que tiene esta medida es que la policía no necesitará una orden judicial para acceder a dichos datos, según explicaron desde el portal Hipertextual. Esto significaría un atentado contra la privacidad de cualquier ciudadano peruano que utilice un teléfono móvil.
El decreto fue aprobado mediante poderes legislativos especiales otorgados al gobierno de Humala, por lo que, a pesar de que la importancia del tema lo ameritaba, no fue debatido en el Congreso.
Al igual que sucede en países como Estados Unidos, Inglaterra y otros del continente europeo, el argumento que utilizó el gobierno de Perú para llevar adelante esta medida que atenta contra derechos civiles de todos sus ciudadanos, es que el objetivo es «luchar contra el crimen organizado».
