El proyecto con media sanción en el Senado, denominado de Responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet, levantó polémica en las últimas semanas por parte de diversos actores involucrados. El tratamiento en Diputados podría darse en el cierre de sesiones ordinarias de la última semana de noviembre, o bien quedar pendiente sin plazos ciertos.
Revista Fibra consultó a Diego Rossi, investigador de políticas de comunicación y miembro del Observatorio DerCom de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Respecto al debate sobre la regulación, Rossi entendió necesario tratar el tema “dado que está en el marco de una sentencia de la Corte Suprema (caso Belén Rodríguez), y oportuno en cuanto está en general vinculado a los denominados Principios de Manila y algunos documentos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA)”.
Sin embargo, advirtió acerca de cinco puntos problemáticos que presenta el proyecto y podrían ser mejorables.
En primer lugar, el pasaje de “intermediarios” -como fuera la redacción inicial de los proyectos Fellner y Pinedo, referenciando a los indexadores y proveedores de infraestructuras entre otros, a un marco general para “proveedores de servicios de internet”, que incluye en la definición a todo comercio electrónico, «quizás para garantizar seguridad jurídica en un discutible marco de desregulación del comercio global vía la Organización Mundial de Comercio”.
En segundo término, advirtió Rossi, aparece el problema de la solicitud de retiro o desindexación por parte de potenciales afectados. En ese sentido, acordando con el criterio de responsabilidad subjetiva plasmado en el proyecto, advirtió que «mientras se libera de responsabilidades y notificaciones o protocolos de mediaciones a las grandes transnacionales, no se resuelve la accesibilidad a la Justicia de aquellos que no tienen dinero o no están cerca de los Tribunales Federales para solicitar la vía judicial rápida de amparo».
Una tercera objeción surge de la inclusión de un controvertido artículo que permite a los proveedores de Internet «acordar libremente criterios de autorregulación». Coincidiendo con el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, puntualizó que el proyecto se aleja no solo de los Principios de Manila sino además de los estándares internacionales sobre libertad de expresión al habilitar la censura privada. El artículo 7° reconoce expresamente, y sin restricción alguna, que cualquier empresa intermediaria podrá realizar el bloqueo y la remoción de contenidos así como la eliminación de perfiles y cuentas de usuarios, sin exigir el debido proceso, sin orden judicial, y por cualquier razón que libremente adopten las empresas, sólo por el hecho que un usuario haya incumplido sus términos de referencia o condiciones de servicio.
Así, observó el especialista consultado por Fibra, “el Estado no interviene en ninguna instancia de mediación ni notificación administrativa, pero los proveedores de internet sí pueden retirar o desindexar de acuerdo a sus reglas más o menos globales y no auditadas públicamente”.
Finalmente, puntualizó sobre dos aspectos más: por un lado el regreso a cierta oscuridad producto de la desregulación que se promueve al trasladar la responsabilidad a las empresas. “El nuevo sentido común construido opaca las formas en las que se toman las decisiones de quienes programan las indexaciones que se resuelven desde criterios particulares de cada empresa”, sostuvo Rossi.
Por otro lado, advirtió sobre la falta de consensos de múltiples partes interesadas alrededor del proyecto: “se dice que el proyecto fue debatido y consensuado pero lo cierto es que en Senado recibieron a 10 o 12 especialistas, la mayoría de ellos ligados directa o indirectamente a Google y Facebook”. Así, afirmó Rossi, “no se tomó en cuenta la mirada desde los derechos humanos y primó una visión decimonónica de la libertad de expresión, valorable pero insuficiente dada la complejidad del tema en cuestión”. Paradójicamente tampoco ese ha sido el enfoque que han usado las asociaciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que en estos días manifestaron su oposición al proyecto e hicieron lobby para postergar su tratamiento.
