En marzo de 2016 el gobierno de Mauricio Macri creó la comisión para elaborar una ley que reemplace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El anteproyecto elaborado durante más de un año y medio no convenció del todo al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Modernización publicó el 28 de diciembre de 2017 una resolución para extender 180 días más el plazo de preparación. En esa misma norma se dispuso también la apertura a consulta pública del borrador preliminar que elaboró la comisión.

Uno de los miembros de la comisión, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, habló con Página/12 y reveló que se enteró del contenido de dicha resolución al leerla en el Boletín Oficial y finalmente el viernes decidió subir el anteproyecto a su blog.

“Fui muy respetuoso de los tiempos políticos porque luego de que la comisión presentó su trabajo se abrió un nuevo período de consulta, pero cuando vi que la resolución de diciembre, que extendió por otros 180 días, decía que el proyecto que elaboramos era de libre disponibilidad decidí publicarlo en mi blog”, contó a Página/12 Gil Domínguez.

El proyecto consta de 196 artículos organizados en ocho títulos. En los hechos tiene poco de convergente porque hay un apartado que regula los servicios de comunicaciones audiovisuales (radiodifusión) y otro que se ocupa de las comunicaciones electrónicas (telecomunicaciones y tv por cable).

En la primera parte del proyecto se sostiene que el objeto es regular las comunicaciones convergentes, incluyendo audiovisuales y electrónicas. Asimismo, garantiza el pedido de neutralidad de las redes en su artículo 3. La segunda parte crea una Agencia de las Comunicaciones Convergentes como autoridad de aplicación de la ley, la cual contará con mayoría del oficialismo que se asegura el control político de esa manera.

Hasta ahora, la regulación del área por parte del Gobierno se realizó a través de decretos de necesidad urgencia, decretosr regulares y resoluciones.