En las últimas horas, diferentes organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de periodistas, especialistas del sector y representantes del oficialismo y de la oposición condenaron el ataque sufrido por los trabajadores de Tiempo Argentino el lunes por la madrugada.
Luego que una patota, comandada por el supuesto dueño del medio Mariano Martínez Rojas, irrumpiera el lunes a la madrugada en la redacción del diario Tiempo Argentino, las muestras de solidaridad con los trabajadores se fueron multiplicando.
El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) repudió “enérgicamente” el ataque y sostuvo en un comunicado que además de solidarizarse con los trabajadores de ambos medios que atraviesan “una grave crisis desde hace más de siete meses, reclama a las autoridades judiciales y políticas que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la fuente laboral de quienes cumplen tareas, tanto en Tiempo Argentino como en Radio América”. Por su parte, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también condenaron el ataque y reclamaron a las autoridades el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, en especial de “la presunta inacción policial mientras se desarrollaban los hechos, así como de la responsabilidad que pudiera corresponder a los anteriores propietarios de ambos medios de comunicación”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales también hizo referencia al ataque y denunció en un comunicado las irregularidades del operativo policial. A su vez, recordaron el principio 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos que establece que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».
Por parte del oficialismo, la vicepresidenta Gabriela Michetti condenó «el ataque a las instalaciones del diario». Y subrayó: «Me solidarizo con todo el personal». También desde la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, la Secretaría de Medios porteña y de la Provincia, expresaron su «más enérgico repudio al ataque a las instalaciones del diario Tiempo Argentino».
Desde el bloque de Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria-PJ se emitió un comunicado sumándose al repudio «Nos solidarizamos con sus periodistas, que vienen bregando por preservar sus fuentes laborales, y advertimos que los hechos ocurridos atentan contra la democracia, la libertad de expresión y la pluralidad de ideas». Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también condenó lo ocurrido y sostuvo que: «Es inédito porque no recuerdo desde la venida de la democracia la irrupción de patotas de esas características, nada más ni nada menos que en la redacción de un diario», según El Destape.
La izquierda también salió a cuestionar el violento episodio. «Los delegados de Tiempo Argentino denuncian que el objetivo Martínez Rojas y sus matones era impedir que el diario, que desde fines de marzo se publica a través de una cooperativa de trabajo, siga saliendo«, expresó el Partido Obrero según lo publicado por Clarín. El MST–Nueva Izquierda, le apuntó al Gobierno. “A Mariano Martínez Rojas y su patota los envalentonó la inacción oficial desde que el 11 de junio irrumpió en la antena en Soldati para cortar la transmisión. Así como Tiempo es de la cooperativa del personal y el Estado debe asegurar su continuidad, el ENACOM debe adjudicarle la frecuencia estatal AM 1190 a los trabajadores de Radio América y rechazar definitivamente a este matón”, sostuvo el dirigente Alejandro Bodart.
Según lo publicado en referencia al tema por el profesor e investigador Martín Becerra, “El Estado tiene una triple intervención pendiente: sus tres poderes están en mora”. El Poder Ejecutivo, “(…) muestra una modorra con la situación a todas luces irregular de Radio América que, al tratarse de una emisora que ocupa una banda de frecuencia en el espectro radioeléctrico, está directamente regulada por el ente gubernamental creado por Mauricio Macri como autoridad audiovisual y de telecomunicaciones (ENaCom). Esa modorra se parece mucho a la insensibilidad”.
Becerra sostiene que el Poder Judicial “no se destaca tampoco por su respuesta” y que desde el Congreso de la Nación “se libra en tanto una batalla miserable entre las dos principales fuerzas políticas acerca de si estos episodios deben interpelar a los empresarios vaciadores de las empresas periodísticas, con lo que el oficialismo capitalizaría la conexión orgánica entre Szpolski y el Frente para la Victoria, o bien si deben interpelar la inacción del actual gobierno que a más de seis meses de haber asumido, con un conflicto contemporáneo a su gestión, jugó siempre al distraído”.
