La medida había logrado la suspensión de la resolución 1121/14 de ese organismo, que establece el vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del grupo a la ley 26.522 y el inicio del proceso de transferencia de oficio de las licencias en las que se excede esa compañía.
La Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) apeló la medida cautelar dictada ayer por el juez Horacio Alfonsoque dictaminó la suspensión por un período de seis meses la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Mediossancionada hace cuatro años por el Congreso de la Nación.
El juez Alfonso hizo lugar al pedido de Clarín para frenar una decisión adoptada por el directorio de la autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales y despertó así críticas de funcionarios, juristas y del propio Martín Sabbatella, titular de la Afsca.
La medida cautelar implica la suspensión de la resolución 1121/14 de la Afsca, que establece el vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la ley 26.522 y el inicio del proceso de transferencia de oficio de las licencias en las que se excede esa compañía.
Después de cuatro años, meses atrás el grupo Clarín presentó un plan de adecuación voluntaria y en octubre la Afsca lo objetó por considerar que en las empresas en las que pretendía dividirse el multimedios existían “vinculaciones incompatibles con la normativa vigente”, y por eso, se decidió dictar una adecuación de oficio.
En sus consideraciones, el juez Alfonso sostuvo ayer que la resolución de la Afsca que ordenó la adecuación de oficio el 8 de octubre pasado “no se debatió de forma suficiente” en el Directorio del organismo.
En diálogo con Télam, el titular de la Afsca le respondió a Alfonso: “No es válido que el Poder Judicial opine cuándo y cómo debate el Directorio de otro poder del Estado. Esto es que la Justicia le ata las manos a los organismos del Estado, que tienen que aplicar una ley de la democracia”.
“Nos preocupa que una parte del Poder Judicial no se anime a enfrentar los intereses corporativos. La justicia tendría que ayudar a que se cumplan las leyes, no generar resoluciones que permiten que se evadan”, afirmó.
Y continuó: “Lo real es que (el titular del Grupo Clarín Héctor) Magnetto quiere violar la ley, no la quiere cumplir en pos de sostener su situación de privilegio lesionando la democracia; y el poder judicial debería evitar que esto suceda”.
Sabbatella también recordó que desde que se sancionó la ley en 2009, y debido a medidas cautelares, “el primer año estuvo suspendida totalmente; luego, y durante tres años más, fue suspendida en sus capítulos de adecuación; y hace un año la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró constitucional de punta a punta. Por eso Clarín tuvo que presentar su plan de adecuación”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a denunciar hoy que el grupo Clarín utiliza una “multiplicidad de artilugios” para impedir la “efectiva aplicación” de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
“Hace cuatro años y dos meses, el Congreso aprobó una norma y el Grupo Clarín no procede respecto a lo establecido por la ley y utiliza una multiplicidad de artilugios legales para impedir la efectiva aplicación de la misma y del artículo 16 de la Constitución, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley”, dijo el funcionario en su habitual rueda de prensa matutina.
“La ley establece claramente que si no accede al plan de adecuación (voluntaria) debe propiciarse la (adecuación) de oficio, y eso ha hecho la autoridad de aplicación”, remarcó.
El abogado Eduardo Barcesat, que ofició como “amicus curiae” del Gobierno durante la audiencia convocada por la Corte Suprema en la cual se analizaron los argumentos en favor y en contra del planteo de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Medios presentado por Clarín, también cuestionó la medida ordenada por el magistrado Alfonso y sostuvo, en diálogo con agencia Télam, que se trata de “un acto de sumisión de un juez al poder económico”.
“No se entiende el sentido del fallo, sobre todo porque hablamos del mismo juez que en diciembre de 2012 avaló la constitucionalidad de la ley. No se entiende por qué ahora cambia de opinión”,sostuvo el letrado, y agregó: “Hay una lectura forzada de parte del juez en este fallo. No está bien definido el objeto procesal y por eso creo que existe prejuzgamiento”.
“Pareciera que estamos ante un acto de sumisión de un juez al poder económico. Básicamente porque no se entienden los argumentos. Además, el juez no se pronuncia sobre los plazos establecidos por la Ley”, apuntó.
En ese sentido, el abogado afirmó que “Clarín tuvo tiempo de sobra para adecuarse a la Ley y que la Afsca intimó en dos ocasiones al multimedios para que se apegue a los plazos establecidos”.
