Guillermo Rus, Director de Latam Satelital, describe la situación de la empresa satelital Arsat, luego de un año de la gestión de Cambiemos.
Se cumple un año de la gestión de la Alianza Cambiemos en ARSAT. Caída abrupta de las inversiones, incumplimiento de la Ley de 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, autorización de siete satélites extranjeros y suspensión de ARSAT-3 caracterizan un escenario muy complejo para la industria satelital argentina.
La empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, creada por ley (26.092) en el año 2006 durante el mandato de Néstor Kirchner obtuvo reconocimiento mundial por una serie de logros tecnológicos y políticos de enorme trascendencia.
En materia satelital, la empresa logró el cometido de su ley de creación de proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con satélites diseñados y construidos en la Argentina. Además, durante el último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta envió al Parlamento Argentino un Plan para el Operador Satelital para que en los próximos 20 años la empresa diseñara y construyera al menos ocho satélites geoestacionarios más para ampliar la flota de la empresa llegando a remplazar los satélites Arsat-1 y Arsat-2 que fueran puestos en órbita exitosamente en 2014 y 2015 respectivamente. Este Plan fue aprobado por Ley (27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital) y tenía como primer hito el tercer satélite de la flota de Arsat con fecha de lanzamiento estimada para 2019.
En el año 2010 Arsat amplió el alcance de sus operaciones incursionando en el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA), con la construcción de estaciones terrestres y brindado el servicio satelital complementario a este para que el país pudiera llegar a apagar las transmisiones analógicas en el año 2019.
Sólo unos meses más adelante Arsat inició otro proyecto de gran magnitud al comenzar el despliegue de una inmensa red troncal de fibra óptica con el objetivo de que el acceso a la banda ancha en la Argentina fuera homogéneo en precio y servicio. Como parte de este proyecto también se construyó un Centro de Datos con certificaciones de primer nivel en el predio de Arsat en Benavídez. Esta iniciativa le valió a la Presidenta un premio de la UIT.
Arsat, desde el momento de su creación donde absorbe los activos y el personal de NahuelSat pasó de ser una empresa de 50 a una de 500 personas. Además, la empresa recibió en ese tiempo inversiones por más de dos mil quinientos millones de dólares. Desarrollar la industria satelital, desplegar la televisión digital en todo el territorio y llevar una red troncal de alta capacidad a todos los rincones requiere fuertes inversiones, no se logra sólo con palabras. La decisión política se materializa en el origen y el destino de los recursos económicos. Arsat atravesó, desde su creación por un proceso de fuertes inversiones en desarrollo tecnológico y despliegue de infraestructura para la inclusión digital. Ese proceso se cortó en diciembre de 2015 con la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno.
Una pesada herencia (6 toneladas de satélite)
Las autoridades que asumieron con la llegada de Macri al gobierno y Oscar Aguad al Ministerio de Comunicaciones recibieron una empresa con dos satélites geoestacionarios diseñados y construidos en Argentina, un Plan aprobado por Ley, 88 estaciones terrestres de TDA con cobertura del 80% de la población, un sistema satelital de televisión abierta con cobertura de todo el territorio incluyendo la Península Antártica y las Islas Malvinas, un sistema de Video a Demanda del cine argentino (Odeón), 36 mil kilómetros de redes troncales con 11 mil kilómetros en servicio y un Centro de Datos de 4.500 metros cuadrados. Las inversiones aprobadas por el Congreso de la Nación para 2016 alcanzaban los 250 millones de dólares, donde se incluía el inicio de Arsat-3, el despliegue de la última fase de la TDA terrestre con 30 estaciones más y la puesta en servicio de los kilómetros restantes de la red de fibra.
El satélite Arsat-1, al haber migrado sus clientes del AMC-6 que Arsat arrendaba al operador SES, se encontraba con su capacidad casi totalmente vendida y Arsat-2, lanzado al espacio el 30 de septiembre de 2015, estaba en pleno proceso de entrar en servicio con un cronograma para migrar tres clientes (InTV, Claro y Telefónica de Argentina) que ocupaban el 30% de su capacidad. Estos tres clientes se encontraban en satélites también arrendados a terceros operadores (Telesat e Intelsat) pero en distintas POG.
La empresa había alcanzado en 2015 una facturación apenas inferior a los 800 millones de pesos y se estimaba, para 2016, casi duplicar esta cantidad (con un dólar a menos de 10 pesos) a partir de la entrada en servicio de Arsat-2, la puesta en servicio de la totalidad de la red de fibra, el aumento en las estaciones de TDA y el aumento de la comercialización del Centro de Datos.
Desinversión, freno comercial y muchas entrevistas
Las nuevas autoridades, que pertenecen a un radicalismo que no tuvo miramientos en armar una alianza con los exponentes más destacados del sector financiero, asumieron con el apoyo del grupo Clarín, determinante en la llegada al gobierno de Macri. En su arribo dejaron fuera de carrera a los referentes del sector de la Fundación Pensar del PRO.
La realidad indica que estas autoridades de Arsat no tienen peso político suficiente para darle continuidad a los proyectos que la empresa venía implementando. La aprobación de los planes, incluso aquellos que se financian con los propios recursos que la empresa genera, se toman en otras dependencias del gobierno, fuera del Ministerio de Aguad. En este marco, del presupuesto de Arsat, aprobado por Ley, de 250 millones de dólares, solo se le permitió a la empresa ejecutar 50. Una situación análoga a la que atravesó la ex titular de Aerolíneas Argentinas y que desembocó en su renuncia.
Este panorama llevó a frenar el despliegue restante de la TDA y la construcción de Arsat-3, derivando peligrosamente ingresos operativos de la empresa a la finalización de la red de fibra, el único proyecto al que se le intenta dar continuidad.
La Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital fue completamente ignorada y ocultada. Su incumplimiento tuvo graves consecuencias para el insipiente entramado de empresas de base tecnológica que se fortalecieron gracias a los dos satélites de la flota de Arsat y provocó el vaciamiento de las capacidades de INVAP en esta materia que enfocó sus esfuerzos en los satélites de la CONAE.
A finales de 2015 Arsat se encontraba en un momento de expansión y crecimiento comercial. Se había reforzado el área de ventas fuertemente para hacer entrar en valor las fuertes inversiones realizadas en los años anteriores. Con el lanzamiento de Arsat-2, además de ampliar la capacidad disponible sobre territorio argentino, la empresa también tenía la posibilidad de ofrecer sus servicios por fuera del país y sus vecinos limítrofes. También, al disponer de capacidad en Banda C con cobertura panamericana, se abría la oportunidad de incorporar clientes para la distribución de video generado en Argentina a la región.
Hasta el momento Arsat solamente pudo vender, en lo que va la gestión de la Alianza Cambiemos, 18MHz a la productora Torneos y Competencias del grupo Clarín, se perdieron clientes históricos como Velconet, que ofrece servicios de comunicaciones satelitales y se amplía la lista de empresas que buscan cambiar de operador satelital. Al reducirse las inversiones, también se frenó el sembrado de antenas en Banda C necesario para ofrecer el servicio de distribución de video.
Para disimular esta grave situación, las autoridades de la empresa optaron por una fuerte campaña en los medios de comunicación buscando atribuir la suspensión de Arsat-3 a la falta o escasa comercialización de Arsat-2. Los argumentos rozaron el ridículo cuando afirmaron que el lanzamiento de un satélite, a una POG que no se encontraba previamente explotada, se realizaba con el 70% de su capacidad vendida con anticipación cuando este porcentaje es el de ocupación de flotas de operadores como Intelsat o Eutelsat. También se insistió en que el satélite Arsat-2 estaba “vacío”, dando a entender que no se habían tomado medidas para su comercialización y se atribuyeron los clientes que se estaban migrando a este satélite.
La última pirueta comunicacional consiste en afirmar que la empresa perdió en 2015 350 millones de pesos (que luego pasaron inexplicablemente a ser 250 millones), contabilizando como incobrables los servicios que Arsat le prestaba al Ministerio de Planificación Federal, anterior accionista de la empresa, para la conexión de Escuelas Rurales mediante antenas VSAT, y a Radio y Televisión Argentina S.E. (desde 2016 Sistema de Medios Públicos) por el servicio de Infraestructura Multiplexado y Transmisión para la emisión de las señales de TDA en todo el país. Además de no ser válido contabilizar como pérdida lo facturado al propio Estado Nacional accionista de la empresa, estos servicios se continúan ofreciendo. El primero incorporando al Servicio de Fondo Universal como cliente y el segundo al mismo organismo pero con nombre nuevo, lo que hace aún más cuestionable que se intente mandar a pérdida esos servicios.
¿Exclusividad y Competencia?
En materia de comunicaciones satelitales en Argentina hay dos normativas principales. La resolución 3609 de 1999 que aprueba el “Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales” estableciendo los lineamientos para los servicios satelitales en el marco de un régimen denominado de Exclusividad y Competencia, que tibiamente protege al operador nacional (Arsat) y la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que busca desarrollar las capacidades industriales de diseño y construcción de satélites geoestacionarios.
El texto de la resolución 3.609/1999, entre otras cosas, dice:
No será autorizada la provisión de facilidades satelitales en la Banda Ku a los operadores de sistemas satelitales no argentinos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el inciso i) apartados a), b) y c) del artículo 22
ARTICULO 22. —REGIMEN DE COMPETENCIA: El régimen de competencia tiene por objeto otorgar autorizaciones a sistemas satelitales constituidos por satélites no argentinos destinados a la provisión de facilidades satelitales dentro del territorio nacional, conforme se verifiquen las siguientes condiciones:
i) Para Banda Ku:
a) Cuando se encontrase agotada la disponibilidad de facilidades satelitales en los satélites argentinos, o;
b) Cuando las facilidades de los sistemas satelitales argentinos se ofrezcan a precios abusivos con respecto a los aplicados en mercados domésticos de similares características para prestaciones análogas, o;
c) Cuando existan limitaciones técnicas que impidan satisfacer la demanda de los usuarios mediante satélites argentinos.
Para Banda C, cuando la provisión de facilidades satelitales ofrecida por sistemas satelitales no argentinos sean exclusivamente en dicha Banda.
No hay muchas dudas de que la autorización de sistemas satelitales extranjeros que operan en Banda Ku no está justificada al disponer Arsat de capacidad en su satélite Arsat-2 sobre territorio Argentino.
Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones autorizó siete satélites durante 2016, dos de Intelsat, uno de SES, tres de Eutelsat Américas y un spot de Banda Ka del SpaceWay-2 de Directv con autorización precaria para una prueba piloto.
Estas autorizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, sin ningún tipo de comunicado de prensa ni explicación. Incluso en el caso del Eutelsat 113 West-B, el satélite fue autorizado como SATMEX-6, nombre que perdió vigencia al ser la empresa Mexicana SATMEX adquirida por Eutelsat (Francia) a principios de 2014.
Todas estas autorizaciones, que no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, perjudican notablemente las posibilidades futuras de Arsat. No es problemático que Intelsat o Eutelsat brinden servicios en el país, la cuestión pasa por la falta de estrategia clara para el operador nacional y para la industria de fabricación de satélites. En el sector hay un consenso claro respecto a la arbitrariedad de las autorizaciones, pasando por encima de la resolución 3.609/1999 y no aplicando a todos los operadores de forma igualitaria.
No hay luz al final del túnel
El corte en las inversiones, sumado a la poca vocación del actual gobierno a que el Estado gestione empresas en cualquier rama de la economía, dejó en estado de parálisis casi total a Arsat, principalmente en su rama satelital.
La única opción para avanzar con Arsat-3, marcada por quienes ocupan la Jefatura de Gabinete de Ministros, parece ser el camino trazado por la reciente y cuestionada Ley de Inversiones Público Privadas. Esta última opción, luego de reiteradas presentaciones, tampoco es algo firme con alguna intencionalidad clara respecto a la industria satelital. Hay que tener en cuenta que esta última alternativa para continuar la construcción de satélites claramente entra en contradicción con la autorización compulsiva y discrecional de satélites extranjeros, ya que hace poco atractivo a cualquier inversor apostar por el operador satelital nacional en ese contexto. Además, la participación de un capital privado en Arsat se realizaría en un marco de incumplimiento de la Ley 27.208, un contexto riesgoso y poco atractivo para invertir.
Las capacidades desarrolladas con tanto esfuerzo en el sector espacial se van de a poco desvaneciendo. Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior, tanto en INVAP como en Arsat, donde el clima de incertidumbre es cada vez más denso.
La publicación del libro “El futuro Llegó”, con el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 busca poner en manos de la sociedad una de las políticas de desarrollo tecnológico más importantes de nuestra región para que no permitamos que nos roben el futuro. Ya perdimos un año, el margen es cada vez menor.
Fuente: Latam Satelital
