A sólo dos meses de las mutilaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital por decreto del nuevo Gobierno, la Coalición por una Comunicación Democrática se congregó para pedir el rechazo de los DNU, y avanzó en nuevos 21 puntos para abordar la agenda de la convergencia en el uso de redes, el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas y la promoción de la diversidad y el pluralismo.
Por Mariela Baladron y Diego Rossi (*)
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13, 236 y 267 sancionados por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado cambiaron aspectos sustanciales de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital: se eliminaron límites a la concentración, se sustituyeron los organismos de aplicación y participación por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom, ente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional) y se creó una comisión para redactar un anteproyecto de ley de comunicaciones.
Ante este contexto, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realizó el jueves 3 de marzo un encuentro nacional que congregó a más de 500 asistentes, en representación de colectivos de medios gráficos, audiovisuales y digitales, trabajadores, universidades públicas y diversas organizaciones sociales. Los debates previos realizados en quince foros regionales distribuidos por las distintas provincias dieron mayor riqueza y densidad conceptual a las formulaciones del documento aprobado. Los nuevos 21 puntos orientarán las futuras acciones de la Coalición y actualizan aquellos redactados en 2004, que sentaron las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso nacional en 2009.
En el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, donde tuvo lugar el encuentro, también se instó a los legisladores a rechazar los DNU y se expusieron los principios doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia y las vías jurídicas para exigir su cumplimiento a nivel local. La Coalición forma parte de la delegación peticionante de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo 8 de abril en Washington, donde se cuestionarán las medidas del gobierno nacional en materia de (des)regulación audiovisual y de TIC y su afectación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
Los nuevos 21 puntos
El documento completo de los 21 puntos recorre principios imprescindibles para garantizar el derecho humano a la comunicación.
Destaca que “es fundamental el rol del Estado como responsable de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales” y la importancia de “garantizar la participación federal y social en la autoridad de aplicación como así también en la toma de decisiones relativas a la gobernanza de las comunicaciones e internet y la búsqueda de soberanía tecnológica”.
Los 21 puntos aprobados el 3 de marzo retoman los valores de pluralidad y diversidad, que deben ser garantizados mediante “una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura, imposible de lograr en un mercado concentrado”.
Ratifican el respeto a “los estándares internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado” para la competencia económica y la necesidad de normativa específica que reconozca, junto a los operadores de gestión privada comerciales, a prestadores “de gestión privada sin fines de lucro, comunitarios y públicos estatales y no estatales, así como formas asociativas mixtas públicas y privadas, que deben ser reconocidos y tener condiciones de existencia armónica”.
También se acordó en fijar como obligación del Estado la regulación necesaria para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos. En tal sentido, “se deberá diferenciar la publicidad de los mecanismos directos o indirectos de subsidios al pluralismo, tales como el acceso a créditos oficiales y regímenes impositivos especiales”.
Ante el entorno digital, la Coalición define al acceso a internet como un derecho humano, a garantizar para todos, a través de la capacidad habilitante para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva. “El Estado nacional debe garantizar el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos/as los usuarios/as, así como un plan nacional de alfabetización digital que permita el ejercicio de este derecho”, dice el documento.
La Coalición introdujo un acuerdo básico sobre la tutela de la privacidad de los datos de los ciudadanos, a través de redes neutrales y transparentes en su forma de gestión del tráfico. Y principios de garantía del acceso a la información pública, cuyos “únicos límites excepcionales a este derecho deben estar establecidos previamente por una ley formal”.
El texto completo de los 21 puntos para el Derecho a la Comunicación está disponible aquí.
(*) Diego Rossi es especialista en políticas de comunicación, docente UBA y UNDAV. Mariela Baladron es docente e investigadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA).
