La Secretaría de Comunicación Pública utilizará las bases de datos de ANSES para implementar sus estrategias de comunicación.
Según lo publicado hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución 166 , la Jefatura de Gabinete de Ministros podrá utilizar las bases de datos de la ANSES para implementar sus estrategias de comunicación. De esta forma, podrá “mantener información actualizada y completa para segmentar por lugar de residencia, edad y otros parámetros”, según detalla la norma.
La cartera justifica esta decisión ya que “resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador”.
En los anexos de la resolución, se establece que la Secretaría de Comunicación “debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual o instantáneo”. Aclara además que los datos a intercambiar “se encuentran regulados y resguardados por la Ley 25.326 no tratándose de información a transferir en ningún caso de datos clasificados como datos sensibles”.
El convenio tendrá una vigencia inicial de 2 años y obliga a las partes a mantener la más estricta confidencialidad y guardar secreto de toda la información, no pudiendo utilizarla para beneficio propio ni de terceros.
A su vez, se agrega que: “El intercambio de información contribuirá a promover el desarrollo, la modernización y la economía administrativa integral, en donde los recursos y procedimientos técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia austeridad y celeridad en beneficio de los administrados”. Para ello, precisa que ANSES remitirá periódicamente la información en su base de datos relacionada con Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos.
En su momento, desde el macrismo hubo críticas a la implementación de la tarjeta SUBE para utilizar el transporte público por posible tráfico de datos, ya que para registrar la misma se solicita el nombre y apellido del usuario. Con esta nueva medida para que el gobierno pueda acceder a la información de los argentinos vuelve a estallar la polémica por la privacidad de los habitantes del país.
