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Cámara del Libro pide frenar proyecto de ley sobre regulación de buscadores en internet

Se trata del proyecto de ley que presentaron Federico Pinedo y Liliana Fellner llamado “Regulación a los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet”, entre los que se incluyen Google, Facebook y toda plataforma que suba contenidos.

El mismo fue aprobado por el Senado en diciembre y obtuvo dictamen favorable el pasado jueves en las comisiones de Comunicación, Justicia y Defensa del consumidor de Diputados. Así, el proyecto está listo para ser votado por esa cámara la próxima semana.

Sin embargo, las cámaras CAL (Argentina del Libro) y la Cámara Argentian de Publicaciones, expresaron su rechazo al proyecto porque vulneraría los derechos de autor. En una nota que circularon entre los diputados de la comisión, sostuvieron que “de aprobarse los autores y editores argentinos se verán perjudicados por no contar con un sistema adecuado para evitar la piratería en Internet”.

Según las cámaras, esta ley generaría un grave perjuicio al sector editorial, ya que dicho proyecto establece que los proveedores de Servicios de Internet serán responsables por el contenido alojado en la Web, sólo cuando sean notificados mediante orden judicial.

Según explicó la CAL, de aprobarse el mismo, para solicitar la baja de cualquier contenido digital pirata, el titular de derechos debería iniciar una acción legal para que un juez notifique al proveedor de Internet y disponga la baja del contenido en infracción.

El texto establece que toda persona que perciba lesionado un derecho legítimamente reconocido podrá promover una acción de amparo ante la justicia federal, según informó La Nación. En otra cláusula dispone que “los proveedores de servicios de Internet no tendrán en ningún caso la obligación de monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros, de forma genérica, a fin de detectar presuntas infracciones actuales a la ley o de prevenir futuras infracciones”. Además, los libera de responsabilidad por los contenidos de terceros, excepto cuando una orden judicial solicite su remoción o bloqueo.