Revista Fibra dialogó con Agustín Espada, licenciado en Comunicación Social e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, sobre la resolución del Enacom que agiliza el acto administrativo de declarar la ilegalidad o llamar al decomiso de medios de comunicación.
El jueves 6 de abril el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicó la resolución 20164E/2017 en el Boletín Oficial por la cual delega en la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del organismo la función de “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.
Esta decisión tiene como objetivo resolver de forma más expeditiva la aplicación de sanciones y decomisos de medios de comunicación. Rápidamente, diferentes actores relacionados a los medios de comunicación comunitarios mostraron su repudio ante esta iniciativa. «Rechazamos cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado para embestir contra las voces disidente» señalaron desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).
Por su parte, la senadora kirchnerista Mónica Macha presentó un proyecto de declaración manifestando su preocupación por la resolución del Enacom que pone en riesgo al sector comunitario de la comunicación. “Es un profundo retroceso para el derecho a la comunicación. Buscan destruir el sector comunitario de cualquier manera”.
Revista Fibra dialogó sobre el tema con Agustín Espada, licenciado en Comunicación Social e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
RF: ¿Qué cambios concretos introduce la nueva resolución de Enacom?
AE: Lo que hace la resolución es reordenar el acto administrativo que implica declarar la ilegalidad o llamar al decomiso de la instalación de radioemisoras y servicios Tics en general.
Es una decisión del tipo burocrática o administrativa. Antes, para declarar la ilegalidad o sancionar el decomiso de un medio, tenía que firmar el directorio del Enacom y ahora eso lo puede hacer directamente una dirección dentro del organismo. Saca un paso en la burocracia interna del ente para realizar esos actos administrativos. Según la resolución, ese acto administrativo le requería mucho trabajo al directorio entonces, para agilizar los tiempos, lo delegan a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización. Es una decisión de organización interna que busca acelerar estos procesos.
RF: Hay radios que no pueden legalizar su situación por demoras administrativas del Enacom. ¿El estado puede decomisarlas igual?
AE: En el plano legal, el artículo 162 de la Ley Audiovisual aún vigente establece que para declarar la ilegalidad y decomisar radios el Estado debe contemplar sus propias deficiencias en la gestión y el control del espectro radioeléctrico. Lo que dice es que no se puede decomisar ni declarar la ilegalidad de emisoras que hacen todo lo posible para obtener la legalidad. Lo que sucede es que el Gobierno no abre concursos, no acelera los procesos, no realiza un plan técnico. Por todos esos motivos no se pueden legalizar esas emisoras. Una emisora que cuenta con un reconocimiento o está en una zona de conflicto no puede ser decomisada porque ahí el que está en falta es el Estado.
No me parece preocupante la resolución pero sí me parecería relevante que el Estado, en este caso el Enacom, destinara los mismos esfuerzos que pone al sancionar, controlar y fiscalizar el espectro radioeléctrico en reordenarlo. Armar los planes técnicos, llamar a concurso en zonas de conflicto, entre otras cuestiones. Esa parte no está presente. No hay una igualdad de esfuerzos.
RF: ¿Cómo es la situación actual de los FOMECA?
AE: Cuando asumió Enacom, la nueva gestión llamó a un proceso de auditoría sobre todos los FOMECA que se habían otorgado en 2015. Esto implicó que se congelen todos los pagos. De ese dinero hay una parte que no se pagó porque aún continúa el proceso de auditoría, por lo que todavía faltan pagar fondos de 2015. Durante 2016 no se llamaron a nuevas líneas hasta el mes de noviembre. Le llaman FOMECA 2016 pero creo que debería llamarse 2017 porque estamos a abril y esos concursos todavía no tienen resolución.
Hasta que se resuelva y giren los fondos hacia los ganadores pasará aproximadamente un año y medio en donde el sector comunitario de la comunicación sin fines de lucro no va a contar con apoyo ni fomento del Estado.
