Proponen crear un defensor público en redes sociales

Proponen crear un defensor público en redes sociales

Especialistas del sector cuestionan la propuesta.

La iniciativa es del diputado nacional por Córdoba, Juan Brügge. El nuevo organismo funcionaría en el ámbito del Poder Legislativo, y podrá “bloquear contenido, perfiles y sitios enteros, con el fin de proteger a los usuarios de comentarios y actos agresivos en las redes”, según publicó Perfil.

El diputado nacional por Córdoba, Juan Brügge, integrante del Partido Demócrata Cristiano del bloque UNA (Unidos por una Nueva Argentina), presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, con independencia funcional.

“A raíz de la masificación de las redes sociales, que pueden ser usadas a veces para mal, nos encontramos en un estado de vulnerabilidad importante: datos inexactos, imágenes ofensivas, e inclusive delitos a través de las redes”, expresó el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja. 

La función principal de este nuevo organismo sería la protección de las personas ante “actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales” en internet. La iniciativa propone que la Defensoría esté a cargo de un ciudadano con el título de “defensor público en Redes Sociales de Contenidos Digitales”, cuya designación le corresponderá al Congreso de la Nación. Esta persona podrá suspender temporariamente tanto sitios como usuarios de redes sociales en plazos que pueden ser de 30 a 60 días.

Todo lo que propone es un acto de censura. El bloqueo de contenido sólo lo puede establecer una decisión judicial. Ninguna norma constitucional habilita bloquear a una persona; sí una expresión, y bajo reglas sumamente estrictas. Pero las personas jamás pueden considerarse ilegales”, indicó Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO y presidenta de la Fundación Vía Libre.

Javier Pallero, analista de Políticas Públicas de Internet en la organización internacional Access Now, precisó: “El proyecto tiene varios puntos débiles que pone en riesgo derechos fundamentales (los mismos que dice defender)“. “Está lleno de vaguedades, podría habilitar la vigilancia masiva sin orden judicial y no cumple con los requisitos de necesariedad y proporcionalidad”, comentó a este portal. 

Fuente: Perfil

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