El decreto 746, publicado en el Boletín Oficial, define que será la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la flamante Agencia de Acceso a la Información Pública, el organismo que concentrará las acciones para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información y que actuará como órgano de aplicación de la ley de protección de datos personales.
El DNU publicado este martes en el Boletín Oficial modificó varias funciones de los ministerios, y entre ellas aparece un cambio en la Ley de Acceso a la Información Pública, para dejar en manos de la Jefatura de Gabinete el control de los datos de todos los ciudadanos.
La ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia hace un mes, y establecía en su artículo 19 la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autónomo: sin embargo, la modificación por DNU la dejó ahora en manos de la cartera que conduce Marcos Peña, planificador y ejecutor de la estrategia comunicacional de Cambiemos.
«Esto puede leerse como una continuidad de una gestión pésima en materia de protección de datos personales, está en consonancia con la utilización de datos de la ANSES con fines gubernamentales”, dijo a Página 12 Beatriz Busaniche, especialista de mercado informático de la Fundación Vía Libre.
Un reciente artículo de Clarín reconoce en boca de un funcionario que el equipo que desarrolla la campaña bonaerense del frente oficial hizo un cruce de datos del Indec con los resultados de la PASO, obteniendo así información crucial para gastar en proselitismo. «Es lo que hacen y para eso querían las bases de la ANSES, entre otras cosas”, remarcó Busaniche.
El doctor en comunicación e investigador del Conicet Martín Becerra consideró hoy que es «preocupante» que un mismo organismo del Ejecutivo nacional concentre la gestión del derecho al acceso a la información y a la vez sea el órgano de aplicación de la ley de datos personales, como se decidió por decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial, algo que, señaló, «está muy lejos de las expectativas».
«Es preocupante este DNU (decreto de necesidad y urgencia) porque vulnera estándares internacionales sobre acceso a la información y datos personales, ya que tal como lo discutimos el año pasado en el Congreso cuando se debatió la legislación, la gestión debe estar en un organismo independiente del Poder Ejecutivo», dijo el académico de las universidades de Buenos Aires, Quilmes y La Plata.
