Empresas tecnológicas ofrecieron hoy su apoyo a Microsoft ante la disputa legal que la firma mantiene con el gobierno de los Estados Unidos en torno al acceso a correos electrónicos almacenados en un servidor que la compañía tiene en Dublín, Irlanda.
El gobierno de ese país había solicitado al gigante de Redmond que le dé acceso a correos electrónicos almacenados en un servidor de esa empresa en Irlanda, en el marco de una investigación sobre narcotráfico, según consignó un cable de la agencia EFE.
La empresa se opuso a la solicitud al indicar que la entrega de esa información establecería un desafortunado precedente internacional.
«Todo el mundo quiere que sus derechos estén protegidos por la ley de su propio país», dijo hoy en Nueva York Brad Smith, el principal abogado de Microsoft.
«Intenten decirle a los estadounidenses (…) que la ley estadounidense dejará de proteger sus derechos y que en su lugar lo harán las leyes chinas o brasileñas», añadió, según informó la agencia española.
Entre las firmas que apoyaron al gigante del software a través de escritos «amicus curiae» están Amazon, Apple, Cisco, Hewlett-Packard, Verizon y la Cámara de Comercio norteamericana.
Además, manifestaron su apoyo organizaciones empresariales y más de treinta profesores universitarios.
«La ley no permite que el gobierno de EEUU utilice una orden de registro para obtener datos de clientes almacenados en el extranjero», dijo Randal Milch, vicepresidente de Verizon, en un comunicado de la empresa.
Milch añadió que eso daría argumentos a los gobiernos extranjeros para obtener información almacenada en Estados Unidos, lo que a su entender pondría en peligro la privacidad de los ciudadanos de ese país.
La batalla legal de Microsoft con el gobierno lleva varios meses. La empresa perdió terreno ante varios tribunales inferiores y recurrió la semana pasada a una corte de apelaciones, donde argumentó que Washington no permitiría que otros gobiernos accediesen a documentos almacenados en servidores estadounidenses.
El Departamento de Justicia sostiene que si se impone la interpretación de Microsoft, los proveedores de correo electrónico podrían trasladar el contenido de un lado a otro alrededor del mundo para evitar a los agentes de la ley.
