La justicia sobreseyó al miembro de la emisora comunitaria que había sido imputado en una causa iniciada por GIASA-PROSEGUR por supuesta interferencia de su señal en el canal 20.
El juez federal Martínez de Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional número 8, sobreseyó al responsable de Antena Negra TV al sostener que el hecho investigado “no encuadra en una figura penal”, y dejando así sin aplicación toda medida tomada hasta el momento.
En su fallo, el magistrado insta a la resolución del conflicto por vía administrativa en el ámbito de los organismos competentes. Al respecto, sostiene que “No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente…», concluye la sentencia.
El 4 de septiembre pasado la Policía Federal había realizado un allanamiento en la sede de la emisora que resultó en el secuestro de equipos de transmisión y consecuente salida del aire del canal. El conflicto se originó en una denuncia de la empresa de seguridad GIASA-PROSEGUR por supuestas interferencias de su señal en el canal 20.
La banda de espectro que va del canal 14 al 20, donde tuvo lugar el conflicto, había sido privatizado en los años 90’s. Sin embargo, tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el Poder Ejecutivo había ordenado mediante Decreto 2456 del 15 de diciembre del 2014, la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión.
Una semana después del allanamiento, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) indicó que «los integrantes de esa organización mantenían intercambios con este organismo en la búsqueda mutua de regularizar su situación legal». Por su parte, tanto la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) como la Defensoría del Púbico, realizaron presentaciones a la justicia solicitando la restitución de los equipos incautados y la despenalización del integrante imputado.
