El equipo jurídico de AFSCA estudia medidas para frenar una posible intervención del organismo. El macrismo estaría cerca de concretar la fusión de AFSCA y AFTIC, las dos autoridades de aplicación de la ley audiovisual y de telecomunicaciones. Lo haría esta semana a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Las medidas que se analizan incluyen la presentación de amparos y medidas cautelares, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El titular de AFSCA, Martín Sabatella, dijo a Página/12 que la modificación de la ley audiovisual o de las atribuciones del organismo vía DNU es ilegal y que sólo puede ser hacerse a través del Congreso.
Según informaciones publicadas ayer en el diario La Nación, Mauricio Macri firmaría en los próximos días nuevos DNU para introducir cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la Ley Argentina Digital (LAD). Las modificaciones incluirían la creación de un nuevo ente para absorber las autoridades de aplicación del audiovisual y las telecomunicaciones, AFSCA y AFTIC. Ambas autoridades fueron creadas por leyes de Congreso y su diseño institucional prevé un funcionamiento descentralizado y autárquico.
Las primeras medidas de Macri para el sector de las comunicaciones se conocieron el 11 de diciembre cuando, a través del Decreto 13/2015, creó el Ministerio de las Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, y puso bajo su órbita a AFSCA y AFTIC. Esa primera medida ya suponía una modificación a las leyes del sector que establecen la conformación de directorios autárquicos y descentralizados para ambos organismos.
Esta semana el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado en el que sostuvo que «ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, debería ser efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia». Asimismo, lunes y jueves de la semana pasada se produjeron movilizaciones en distintos puntos del país defensa de la Ley, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de 2013.
