Mientras las críticas a los DNU 13, 236 y 267 por parte de la sociedad civil fueron claras, las respuestas del Estado fueron elusivas e hicieron referencia al gobierno anterior y a promesas de una futura ley.

Por Carolina Martínez Elebi (*)

Hoy, pasadas las 10 de la mañana, en el marco del 157 período de sesiones de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo la esperada audiencia para debatir sobre el derecho a la libertad de expresión, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y sobre los efectos que tuvieron y tienen los DNU 13, 236 y, principalmente, el 267, que modificó artículos centrales de la LSCA y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en reemplazo de la AFSCA y AFTIC.

Por parte de la sociedad civil, durante la audiencia expusieron Horacio Verbitsky, presidente del CELS; Damián Loreti, CELS y Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); Daniel Badenes, Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM); Néstor Busso, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); Martín Becerra, Universidad Nacional de Quilmes; Ana Jaramillo, Universidad Nacional de Lanús; Oscar Nocetti, Cooperativa Santa Rosa y Osvaldo Francés, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA).

La mesa destinada al Estado Nacional estuvo ocupada por Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos; Miguel de Godoy, el titular del ENaCom; Eduardo Bertoni, director Nacional de Protección de Datos Personales; Santiago Cantón, secretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires; y Silvana Giudici, directora de ENaCom, quien no expuso durante la audiencia.

En la mesa de la CIDH estuvo su presidente, James Cavallaro; el primer vicepresidente, Francisco Eguiguren; el Relator para la Argentina, el comisionado Paulo Vannuchi; y el Relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Verbitsky fue el primero en expresar las críticas existentes hacia los DNU del gobierno Nacional y destacó el interés y las expectativas que la sociedad argentina tenía en la audiencia que estaba comenzando.

«Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley [la LSCA], que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal», comenzó declarando el presidente del CELS, quien además aseguró que la nueva regulación «habilita una mayor concentración en vez de limitarla».

«La compra y venta de licencias como si fueran una mercancía que no tuviera relación con la circulación de la información y con el debate de ideas que son esenciales para una sociedad democrática y su capacidad de decidir libremente sobre su destino reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores», agregó Verbitsky.

El presidente del CELS remarcó que la regulación actual perjudica a los pequeños medios y a los sin fines de lucro y beneficia a los más grandes, dejando que la competencia en el marco del «libre mercado» determine el destino de cada uno y donde regirá «la ley de la selva, donde el más grande se quedará con todo».

Martín Becerra, especialista en políticas de medios y, principalmente, en la concentración, fue el siguiente en exponer y comparar con la regulación de otros países: «Estados Unidos, México, Canadá y la Unión Europea tienen regulaciones que facultan a los organismos estatales para limitar la concentración de la propiedad de los medios. La singularidad del recurso de la información hace que estas respuestas normativas no se vean satisfechas con la mera intervención de las áreas de defensa de la competencia».

Con respecto a la concentración que existe en la TV de pago y en las licencias de TV abierta, dijo: «Las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración». Finalmente, Becerra cuestionó la creación del ENaCom porque «completa una plena gubernamentalización de la aplicación de las políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo».

Por su parte, Damián Loreti expuso sobre la incompatibilidad de las nuevas regulaciones con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Los tres estándares violentados por la nueva regulación, son: 1) quitarle la autarquía legal reconocida en las dos legislaciones (LSCA y LAD) a sus autoridades; 2) violación del estándar de la obligación de transmitir (must-carry); y 3) el principio de legalidad.

El resto de los integrantes de la sociedad civil que participó de la audiencia expuso los ejemplos concretos acerca de cómo la aplicación del DNU 267/15 impacta en distintos sectores e instituciones, como es el caso de las universidades, radios comunitarias, cooperativas e indígenas.

Luego le tocó el turno al Estado Nacional para exponer en la audiencia ante la CIDH. El primero en tomar la palabra fue el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, quien declaró que el más «desafiante compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri en materia de Derechos Humanos es el de restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión». A continuación, Avruj dedicó su exposición a referirse a «la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos seis años en cuanto a las restricciones de materia de libertad de expresión que se registraron durante la conducción del anterior gobierno».

De esta manera, el Estado argentino comenzó su exposición evitando responder sobre el impacto de la aplicación del DNU presentado por el actual gobierno y mencionando una situación de carencia de libertad de expresión durante el gobierno anterior sobre lo que no presentó ejemplos concretos sino expresiones generales como asegurar que hubieron «periodistas hostigados y encarcelados». También presentó como un problema los «constantes abusos de las Cadenas Nacionales» y el uso de la publicidad oficial, que no eran los temas que debían tratarse en la audiencia ante la CIDH.

Cantón, por su parte, también hizo referencia a hechos de meses anteriores (denuncias de espionaje y hostigamiento a periodistas, utilización de las cadenas nacionales y de la publicidad oficial) como una manera de presentar una justificación de por qué el Gobierno consideró necesario dictar el DNU 267, pero evitó hacer comentarios sobre las consecuencias de la aplicación de este decreto para la libertad de expresión.

El director Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni expuso sobre la LSCA: «Una evaluación seria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual deja la conclusión de que la aplicación y su implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana». Con respecto a la Ley Argentina Digital, Bertoni agregó: «Una ley, que además de modificar la LSCA, tuvo una redacción muy imprecisa que habilitaba nuevas discusiones en el proceso de reglamentación y daba enormes poderes a la autoridad de aplicación». Con estos argumentos, explicó el proyecto de crear una ley que unifique ambas leyes.

Miguel de Godoy, el titular del ENaCom, hizo un breve uso de su tiempo y su exposición comenzó haciendo referencia al motivo por el que se dictó el DNU: «No cabe duda de que la situación que se vivía en el país, con respecto a la libertad de expresión, ameritaba medidas inmediatas en tiempo y en forma» y cerró, luego de unas breves palabras, haciendo referencia a las acciones a futuro: «No cabe duda de que vamos a convocar a todos, vamos a esperar el aporte que esta Comisión pueda hacer y, por supuesto, reunirnos con cada uno de los peticionarios para escucharlos y llegar a conclusiones juntos».

Frente a las intervenciones del Gobierno, Verbitsky les contestó: «Lamento que hayan perdido el tiempo en criticar a un gobierno que ya no está».

Desde la CIDH, el Comisionado Paulo Vanucci expuso sobre la importancia de las audiencias, pero recalcó que no implican la toma de una definición, sino que el objetivo es habilitar el diálogo entre las partes. Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, preguntó al gobierno qué es lo que hará frente al problema de la concentración y presentó algunas de las preocupaciones de la CIDH, como el hecho de que la constitución y designación del ENaCom no cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, los representantes del Estado no respondieron sobre este tema.

La falta de respuesta por parte del Estado Nacional sobre los cambios aplicados sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue criticada en Twitter.

Por su parte, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego De Charras, observó: «El Estado argentino habló de publicidad oficial, acceso a la información, periodismo y cuestiones no reguladas por las leyes en debate. De los decretos objetados: NADA. Absolutamente nada sobre la violación de estándares».

La audiencia completa puede verse acá:

(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA). En Twitter es @titayna

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