Fibra dialogó con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, acerca de la polémica decisión del gobierno nacional de utilizar las bases de datos de la Anses para comunicación.
F: ¿Cuál es la postura de la Fundación respecto a la decisión del gobierno?
BB: Nuestra opinión desde la Fundación Vía Libre es muy crítica respecto a esta medida, si bien hay algunos “vericuetos” de la ley que permiten que esto suceda, como el hecho de que entre las oficinas públicas se pueda intercambiar información y que cuando se trata de bases de datos que usa el sector público se pueda aplicar la excepcional al consentimiento informado.
Acá tenemos un problema serio que tiene que ver con el objeto de tratamiento de los datos. Es decir, los datos fueron obtenidos por la ANSES para asegurar todo lo que tiene que ver con resguardar los derechos en la seguridad social de los habitantes de la Argentina. No para que el Poder Ejecutivo establezca comunicaciones con los ciudadanos.
Más allá de eso, lo que esto pone sobre la mesa, y esperamos que se convierta en un debate más profundo sobre el asunto, es que los ciudadanos en Argentina tenemos una buena ley de protección de datos personales pero con una muy mala defensa cuando los datos son utilizados por el sector público.
F: ¿Por qué?
BB: La ley está pensada para custodiar los datos del lado privado pero cuando los abusos vienen del lado del estado las herramientas con las que contamos los ciudadanos y los resguardos legales son muy laxos y esto da lugar a abusos como en este caso.
Por ejemplo, tenemos que la cuestión del consentimiento informado no rige cuando es una oficina pública; se pueden intercambiar bases de datos cuando es entre oficinas públicas. Además, hay otra característica que tiene la ley que es lo más grave, que tiene que ver con la falta de independencia de la Autoridad de Aplicación. Tenemos una Autoridad de Aplicación que tiene rango de dirección en el Ministerio de Justicia. Esta autoridad tiene que, de algún modo, “marcarle la cancha” a dependencias del estado de más alto rango.
Hay una cuestión institucional estructural que hace que la defensa de los datos personales y el derecho de privacidad de las personas tenga muy poca solidez cuando el abuso llega por parte de un organismo público, que es en el caso que nos encontramos ahora.
La oficina que debe defendernos está buscando los vericuetos de la ley para justificar la acción del poder ejecutivo, aun con una persona a cargo que sabemos que es una persona íntegra. Institucionalmente la oficina no está en condiciones de “marcarle la cancha” al poder ejecutivo.
F: ¿Piensa que resulta necesaria una actualización de la ley?
BB: Definitivamente hace falta una actualización de la ley. Esta ley fue aprobada en el año 2000. Sufrió vetos parciales del presidente de entonces, el dr. De la Rua. Él fue artífice de que la Autoridad de Aplicación quedara tan subsumida a este lugar “tan poco feliz”. Es uno de los problemas más grandes que tiene la ley. Hace falta una reforma y un organismo de defensa de protección de datos personales y del derecho de hábeas data, que es un derecho constitucional, que tenga más fuerza frente a los diferentes estamentos del estado.
F: ¿Considera que la información puede ser utilizada para campañas de publicidad?
BB: De hecho basta con ver lo que hace la Ciudad de Buenos Aires. Parte de esta misma administración que ahora está a nivel nacional hace eso, recopila los datos y después manda permanentemente spam… este tipo de cosas ya la vimos con lo cual pensar que va a ser reproducida esa conducta a nivel nacional no es descabellado.
Funcionarios del PRO que hoy están en la administración pública, cuando eran diputados se quejaban a viva voz de este tipo de cosas, criticaban a Randazzo por el uso que se daba a la información que te solicitaban para confeccionar los DNI. Esto no es una novedad, el problema acá es que esto está mal lo haga quien lo haga.
Es importante tener en cuenta el problema cuando se avanza sobre los derechos individuales de la ciudadanía y no hay forma de resguardarse y la autoridad que debe proteger no aparece defendiendo a los ciudadanos. Si no tenemos autoridades de aplicación que defiendan los derechos de los ciudadanos estamos en un problema.
