Por Carolina Aguerre
Coordinadora del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés.
Foro de Gobernanza de Internet: tres grandes conceptos que remiten a la discusión pública de la tecnología que prometió renovar a la sociedad a fines del siglo XX y que aún estamos esperando que nos siga sorprendiendo o desilusionando, según nuestro nivel de expectativas acerca de su potencial revolucionario del orden socio-cultural, económico y político.
En el año 2005 se recomendó la creación de un Foro de Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en el inglés) en el tratado internacional llamado la Agenda de Túnez que cerró el proceso de la Cumbre Mundial para la Sociedad de Información. Eran múltiples los objetivos que se delinearon para este foro, entre ellos debatir temas de políticas públicas, facilitar el diálogo y la comunicación entre las partes interesadas – tanto actores formales como informales, aprovechar las competencias y capacidades de los expertos e identificar temas emergentes, entre otros. Desde el año 2006 cuando se realizó el primer foro internacional en Atenas se han realizado sucesivas ediciones anuales con creciente participación tanto en número como en diversidad de actores en este espacio.
Si contrastamos los objetivos que se persiguieron con la creación del IGF con aquellos que se encuentran vinculados con el concepto de democracia deliberativa (Habermas, Fishkin, Nino) encontramos que existen varios puntos de contacto: escuchar múltiples puntos de vista y exponerse a la diversidad de opiniones, involucrar a las partes interesadas en el problema determinado y comunicar claramente el asunto en cuestión. Asimismo, las críticas que se le han realizado al concepto de democracia deliberativa también han sido aplicados al Foro de Gobernanza de Internet, fundamentalmente aquellas asociadas con el poder de las élites – o de los que poseen determinado capital cultural y medios para incidir en la definición de la naturaleza y las respuestas a los problemas en cuestión.
Sin embargo, si bien estas críticas podrían aplicarse al IGF global las mismas se ven atenuadas cuando nos concentramos en los espacios nacionales de gobernanza de Internet que han surgido como una de las tendencias más claras en los últimos años, particularmente a partir de las declaraciones de Edward Snowden que hicieron visibles tanto a ciudadanos y gobiernos varios de los problemas que tienen las prácticas actuales de determinados actores sobre Internet. Los IGF a nivel nacional ya se habían contemplado en la Agenda de Túnez como espacios necesarios y vitales para desarrollar discusiones propias en los distintos contextos nacionales. Acercar las discusiones a los problemas nacionales es una necesidad aún más relevante para las comunidades de actores de países en desarrollo, que poseen menos recursos y capacidad para incidir en los foros globales.
En Argentina, desde el 2015 se ha consolidado un espacio para que individuos y actores con intereses en el desarrollo de Internet participen en las discusiones sobre su gobernanza en el país. Ese año se creó un espacio de diálogo en el que participaron más de 70 personas, de sociedad civil, universidades, los técnicos especialistas en la arquitectura de Internet, empresas y un puñado de actores de gobierno nacional y municipal. En 2016 se realizó la primera edición propiamente de un IGF Argentina a partir de la convocatoria pública a integrar formalmente un comité de programa multisectorial en el que se incluyeran dos representantes de los cinco sectores definidos como relevantes para la discusión sobre la gobernanza de Internet: academia, empresas, gobierno, sociedad civil y técnicos expertos (comunidad técnica). En dicho evento realizado el 24 y 25 de octubre en el Centro Cultural Borges, se contó con más de 220 participantes, 30 de los cuales fueron becados para asistir de las provincias y canales de participación remota por la organización del evento y la RIU (Asociación de Redes de Interconexión Universitaria) y se abordaron temas como la economía digital, Internet y el ejercicio de los derechos humanos, despliegue de infraestructura de Internet en el país, entre otros.
El 16 y 17 de noviembre de 2017 se realizó la segunda edición en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con la participación de dos secretarios nacionales, dos subsecretarios y directores de diversas dependencias del Ejecutivo nacional, así 130 participantes físicos, 30 remotos y 15 becarios de las provincias. Sin embargo, todos estos números serían únicamente “métricas vanidosas” de acuerdo a Rogers, si no entendemos cuál es el nivel de compromiso que genera este mecanismo entre sus participantes y organizadores. Los desafíos organizativos de llevar adelante un evento de esta naturaleza son múltiples, entre ellos porque se depende del trabajo voluntario de los integrantes del comité de programa y de la secretaría del evento. Pero estos retos no son los más relevantes a la hora de evaluar otras dimensiones que actúan como barreras para el crecimiento de un espacio de estas características. La verdadera contienda pasa entender cómo se construye el IGF Argentina – así como el global – como un mecanismo sustantivo para la consolidación de un entorno habilitante de deliberación para el desarrollo de Internet y sus políticas. Aquí es fundamental preguntarse por la capacidad de interpelación que tiene este espacio con otros actores y comunidades para quienes la “gobernanza de Internet” puede aparecer como un tema demasiado abstracto para los intereses particulares de comunidades específicas.
Por ejemplo, mientras se desarrollaba esta segunda edición, el 17 de noviembre se organizó la iniciativa académica vinculada con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por su acrónimo en inglés). Alcanzan los dedos de una mano para contabilizar participantes que estuvieran en ambos eventos, cuando la única forma de garantizar políticas de datos abiertos es reconocer y velar en la práctica por el principio de apertura de Internet, tanto en su diseño como en la demanda de ciudadanos organismos. O el mismo 16 de noviembre, la Cámara del Libro publicó un comunicado en el que expresa su rechazo al procedimiento de baja de contenidos en Internet mediante orden judicial, que prevé el actual proyecto de ley de intermediarios de Internet, y proponen mecanismos administrativos para acelerar la baja de contenidos online poniendo en debate el delicado equilibrio sobre los derechos e intereses en juego con esta medida, un claro ejercicio de gobernanza. En última instancia, ambos casos ilustran el trabajo de dos comunidades cuyos mensajes actúan como burbujas sociales que refuerzan las posiciones previas de estos actores. Pero al mismo tiempo estas comunidades no se sienten interpelados por un espacio como el IGF nacional. De la misma forma, se podría argumentar que la comunidad de actores en torno a la gobernanza de Internet también adopta patrones que refuerzan sus convicciones previas en términos de dar por sentado que la gobernanza de Internet es un mecanismo relevante en tanto ya conocen sus procesos formales e institucionales sobre todo a nivel internacional, pero tienen problemas a la hora de atraer a actores que claramente están trabajando en una agenda que implica profundamente a la gobernanza de Internet.
Es imprescindible conceptualizar a los foros de gobernanza de Internet nacionales como espacios que permiten consolidar ecosistemas para el diálogo entre las partes y asentar los grandes principios sobre los cuales se podrá, a futuro, trabajar sobre temas más específicos, desde el gobierno abierto, la participación ciudadana en las políticas digitales o la inclusión social a partir de una expansión del acceso a Internet, por mencionar algunos. Si no existen consensos pautados en forma deliberativa, dialogada y participativa sobre los fundamentos de Internet y sus mecanismos básicos de gobernanza, las discusiones sobre aspectos más específicos podrán prosperar siempre que existan acuerdos particulares sobre el tema, pero su impacto más general dependerá de que esa comunidad específica tenga la voluntad de hacer trascender ese debate más allá de su espacio. O peor aún, si para algunos actores no va a ser necesario buscar consolidar espacios para la deliberación en torno a las políticas y desarrollos que le dan forma a Internet y sus usos, esto significa que son escépticos a estos mecanismos o que ocupan una posición hegemónica para imponer sus puntos de vista.
Como en tantos otros debates sobre los problemas que aquejan a la teoría y a la práctica de la democracia en tiempos digitales, la pluralidad, la diversidad y la equidad en Internet también se verán afectadas si, para quienes nos interesa su evolución alineada con el desarrollo humano, no buscamos consolidar más participación efectiva en procesos deliberativos.
