La distribución se extiende a organismos descentralizados y algunas empresas del estado. Se fijan criterios de alcance de medios, zona geográfica y pluralidad de voces, entre otros.
A través de una resolución de la Secretaría de Comunicación Pública, el gobierno nacional introdujo modificaciones en los mecanismos de distribución de la publicidad oficial. La norma difundida por dicha Secretaría, establece nuevos criterios de asignación y fija algunas restricciones.
A diferencia de la regulación anterior, el concepto de publicidad oficial se extiende a todos los organismos de la administración nacional, incluidos los organismos descentralizados y algunas empresas estatales. A través de la resolución se crea un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo), en el cual podrán inscribirse los interesados en acceder a los fondos. El mismo “prevé que la publicidad oficial se distribuirá por campañas anuales que deberán estar previamente consignadas en un plan anual de publicidad oficial”, según lo señalado en La Nación.
Los cuatro criterios fijados para la distribución de la publicidad oficial serán: circulación o audiencia de medios, pertinencia o especialización del mensaje, zona geográfica, fomento del federalismo y la pluralidad de voces.
Entre los requisitos para que los medios que se inscriban en el Renappo, figuran acreditar el «cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales», si son sitios de Internet «deberán acreditar una antigüedad no menor a un año», y tendrán que informar si cuentan con algún código de ética o manual de buenas prácticas, o si están adheridos a algún protocolo voluntario relativo a la no discriminación, protección de la infancia y la niñez, o tratamiento de la violencia de género.
La resolución también plantea algunas restricciones a los contenidos de la publicidad, al excluir expresamente mensajes que «promuevan intereses particulares de funcionarios», que «de forma directa o indirecta hagan referencia a la campaña electoral del partido de gobierno» y que promuevan «campañas de desprestigio a personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil».
A su vez, en el día de ayer, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado abrió la discusión sobre tres proyectos de ley que buscan regular el contenido, la producción, la distribución y la contratación de la publicidad oficial del Gobierno nacional.
Las iniciativas corresponden a los senadores Juan Carlos Marino (Cambiemos-UCR), Magdalena Odarda (Frente Progresista- CC-ARI) y Jaime Linares (GEN). Del debate participaron expertos en comunicación como Martín Becerra, investigador de CONICET y miembro de la Universidad de Quilmes; Diego De Franceso, coordinador del Área de Acceso a la Información Pública (ADC) y Pablo Secchi de Poder Ciudadano, según lo publicado en Parlamentario.
