La medida fija el carácter reservado de las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses y pena, hasta con 2 años de prisión, a periodistas o «terceros» que divulguen las DDJJ de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario.
A través del decreto 647, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, modificó el decreto 116 con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes. El texto asegura que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
En contraposición, días atrás el diputado nacional de Cambiemos y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, defendía el entonces proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública sosteniendo que esa iniciativa serviría para «que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del gobierno y todo lo que el gobierno posea» y que “salda una deuda con la sociedad”.
En la misma línea, esta medida se contrapone con la reciente decisión del presidente Mauricio Macri de introducir modificaciones al artículo que preveía penas de prisión a periodistas que divulguen información sobre personas que se beneficien con la Ley de blanqueo.
