El sistema online de inscripción docente exigía «permitir» al Ministerio de Educación local conocer la identidad de Google del usuario, ver y administrar la lista de contactos, fotos y videos, entre otros.
La justicia porteña hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Unión de Trabajadores de la Educación en el marco de un amparo en el que se cuestionan “modificaciones en el sistema de inscripción on line que afectaría la intimidad de los docentes porteños”, según lo publicado en iJudicial.
En este contexto, la justicia ordenó mediante resolución que el sistema informático “no solicite a los docentes ninguna información vinculada con su intimidad para condicionar su acceso” y que suspenda la obligación de permitir el acceso a la información contenida en el perfil de Google de cada docente. “Ante el carácter colectivo del amparo, se ordenó la difusión de la existencia del mismo, y otorgó el plazo de 15 días para que los interesados se sumen al expediente”.
Desde la última semana de julio, al ingresar al sistema se anunciaba a los usuarios que debían modificar su contraseña, y al intentar modificarla, el sistema exigía permitir al Ministerio de Educación local conocer respecto del usuario la identidad de Google, ver y administrar la lista de contactos, fotos y videos de Google que cada docente tuviera almacenado en su cuenta personal, y en caso de rechazar la autorización, no se puede continuar con el trámite de cambio de contraseña.
Según describe el juez Roberto Andrés Gallardo en los fundamentos de la resolución, la ley nacional 25.326 en su artículo 2 define a los datos sensibles como «aquellos datos personales que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.» A su vez, el artículo 8 de la ley N° 1845 expresamente señala que «ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles (…) como condición para su ingreso o promoción dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires».
Días atrás la misma polémica saltó a la luz con la controvertida decisión del gobierno nacional de permitir la cesión de los datos de las bases de la ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública. Pese a que desde el gobierno, Eduardo Bertoni, titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, sostuvo que “cuando se trata de cesión de datos entre organismos públicos, tal como lo establece la ley 15.326 de Protección de datos personales, nunca hay que pedir consentimiento», la medida no deja de ser controvertida ya que, además, no especifica de manera clara la utilización que se quiere hacer de estos datos.
